El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón siguen enfrentados por el denominado Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) --antes llamado canon de saneamiento-- y puede que, para bien o para mal, ambos zanjen el asunto la próxima semana. Al menos ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, emplazó ayer a esa reunión al alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, después de que este le telefoneara para exigirle que desista de triplicar el recibo a los vecinos de Zaragoza y que aplique un "trato similar" al dado a las estaciones de esquí, otorgándoles una moratoria en el cobro de este tributo.
El alcalde se dirigió a Lambán para recordarle esta petición y reiterarle su interés en reunirse con él para abordar esta cuestión y otras, como las deudas pendientes, la futura ley de capitalidad y el pago de las competencias impropias que presta la ciudad y que le corresponden a la DGA.
HASTA EL FINAL
La complicación surge cuando el alcalde añade en su comunicado su intención de llegar "hasta las últimas consecuencias, hasta las de carácter jurídico, para intentar evitar la aplicación del ICA en la ciudad, incluso con la anunciada bonificación del 70%" en caso de que la DGA haga caso omiso a su petición. Porque el rechazo del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a que los ciudadanos paguen por este tributo en la ciudad es más que evidente, ya que, como insistió Santisteve ayer, "supondría un agravio comparativo con el resto de municipios de Aragón y la multiplicación, por tres, del actual recibo que pagan los vecinos" en la ciudad.
"No podemos permitir este agravio hacia los ciudadanos de Zaragoza, que ya han pagado sin ayuda exterior, desde 1995, un total aproximado de 324 millones de euros por las instalaciones de depuración y otras relacionadas con estas infraestructuras", recordó Santisteve.
Así que el presidente aragonés se comprometió a concertar una reunión bilateral para la semana próxima, en la que se abordarán los temas pendientes de negociación entre ambas instituciones, antes citados, y también "la dotación presupuestaria para completar el sellado del antiguo vertedero". Más de 11 millones debía poner en tres años y en el primero no ha consignado los 3,5 prometidos en el acuerdo firmado con el anterior Ejecutivo.
Por eso Santisteve insiste en discutir el ICA "en el conjunto de todas los asuntos sin solucionar que aún quedan entre Gobierno de Aragón y el ayuntamiento, y no como algo aislado".
Aunque su posición sobre el tributo parece inamovible: Oposición frontal a una "desproporcionada y sangrante" repercusión en el bolsillo de sus vecinos.
Además, el alcalde cuestionó que el cobro corra a cargo de una empresa privada, accediendo a datos particulares, e incidió en la necesidad de una auditoría externa de las cuentas del IAA y tras abordar la revisión del Plan de Depuración de Aguas.
