El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, hizo ayer un llamamiento a la cautela y pidió no generar expectativas falsas después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la obligación de pagar el impuesto de la plusvalía en los supuestos en los que se pudiera demostrar la pérdida del valor del inmueble. Un fallo judicial que, en su opinión, «es un tremendo varapalo al PP», por estar al frente del Gobierno central, que es quien regula este tributo y que «ahora tiene que solucionar con una ley» todo lo que se ha generado con el veredicto de inconstitucionalidad.

Sobre la mesa tiene un complicado escenario, igual que el resto de ayuntamientos de España, por el carácter retroactivo que puede tener la aplicación de esta sentencia y su efecto en las arcas municipales. «Confiemos en la responsabilidad por parte del Estado central porque esto puede ser un agujero negro (para las arcas municipales)», explicó ayer Santisteve.

Se refería a que el Ejecutivo estatal actúe con la mayor celeridad posible porque considera que «no hay criterios objetivos ni para los jueces ni para los ayuntamiento para poder resolverlo. El tema se queda aparcado hasta que haya una ley». Es la solución que ZeC ve a partir de ahora, al igual que ha defendido en las últimas 48 horas la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desde la que preveían que podría haber ya una propuesta en el plazo de un mes. Algo que tendrá que confirmar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con una reforma sobre la que apenas se ha pronunciado.

NO SUSPENDERÁ EL COBRO // «La ley sigue vigente por lo que vamos a suspender las resoluciones de los recursos hasta que el Estado lo resuelva pronto», aseguró ayer Santisteve, en relación a todos aquellos casos que hayan reclamado al consistorio por el cobro de este impuesto y que quizá se hayan visto afectados por aquello que ahora el Constitucional ha declarado nulo. De momento, se para el reloj para todos ellos y al menos se consigue que no sean desestimados. Una decisión que, en este momento, solo dejaría una única vía de acción: la justicia ordinaria.

Sin embargo, Zaragoza no atenderá la recomendación que anteayer le hacía la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) y el abogado Santiago Palazón de suspender el cobro de este impuesto en los recibos que ya hayan sido girados o estén en tramitación. Lo que no significa que den paso a nuevas reclamaciones que luego dejar en suspense hasta que el Gobierno central decida reformar la ley que lo regula. Sin generar expectativas.