El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, solicitó al Gobierno español que «hinque el diente de manera decidida» a las inmatriculaciones de la Iglesia, puesto que se trata de «un problema de Estado.El primer edil realizó ayer estas declaraciones durante la celebración de la III Asamblea de la Coordinadora Recuperando, que se celebra este fin de semana en Zaragoza y que reúne a unos cuarenta cargos públicos de treinta municipios de diez comunidades autónomas. En ellas estudian cómo recuperar política y legislativamente estos bienes y solicitan al Gobierno de España la publicación del listado completo del patrimonio en esa situación,
Para el primer edil, no debe haber «ningún tipo de privilegio al respecto» y confió en que el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez «actúe» ya que, de lo contrario, resultaría «triste» que fueran los tribunales europeos «quienes le sacaran los colores al Estado». Además, vio «lógico» que se aborde la derogación del Concordato del 79 «de una vez».
«No es un tema religioso ni contra las creencias religiosas» sino de titularidad patrimonial, explicó el portavoz adjunto de la Coordinadora Recuperando, Jorge García, con motivo de esta reunión que se celebró por la tarde en el Centro de Historias de Zaragoza y que continuará hoy con la tercera asamblea de la organización, integrada por veinte entidades, y que dará la bienvenida a otra media docena.
García recordó que los últimos datos reconocidos por la Iglesia hablaban de entre 30.000 y 40.000 bienes inmatriculados desde 1998 a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria de 1994 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, pero la coordinadora tiene constancia de que antes de esa fecha ya se había inmatriculado bienes. Según esta organización, la Iglesia ha cometido «fraude de ley», puesto que los espacios de culto no se podían inmatricular antes de 1998.
El listado parcial que maneja la coordinadora cifra en 2.023 los bienes de los que la institución eclesiástica se ha apropiado en Aragón desde 1998, de ellos 63 en Zaragoza capital. A estos se sumarían los incorporados a la titularidad de la Iglesia con anterioridad a esa fecha y que, en opinión de García, es una acción «nula de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida». El motivo es que, apuntó, la Iglesia se acogió a una normativa franquista por la que registraba a su nombre el bien «mediante una autocertificación sin ningún título de propiedad». La entidad exige en primer lugar el «derecho a la información» y que el Gobierno haga público el listado completo para poder cuantificar los bienes pero acompañado de una «nota simple», es decir, qué bienes, porque no son solo templos religiosos, y dónde se ubican. A partir de ahí son los partidos políticos, parlamentos, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones provinciales o instituciones públicas las que deben decidir por qué métodos o resoluciones recuperar ese patrimonio «de todos los españoles». No son, además, partidarios de recurrir a la vía judicial para revertir la titularidad de los bienes porque es «tediosa y se podría prolongar durante años», dijo.
