El Servicio de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha vendido por 1,5 millones de euros el hotel San Valero de Zaragoza, en un proceso competitivo abierto. Según informó a Efe este servicio gestor, se trata de un hotel de dos estrellas y 31 habitaciones ubicado en la calle Manifestación del Casco Histórico de la capital aragonesa a unos 350 metros de la Basílica del Pilar, construido en 1936 y rehabilitado posteriormente en el 2006.

Este alojamiento volvió a abrir su puertas para a Expo de 2008 de Zaragoza y cerró en 2011 debido a la crisis que le provocó el traslado de los juzgados de la Plaza de El Pilar a la Ciudad de la Expo. En mayo del año pasado, el edificio fue okupado por una veintena de personas sin hogar durante un periodo de tres meses, hasta ser denunciada la situación por el Sareb, lo que provocó el desalojo del inmueble por parte de agentes de Policía Nacional y mediante un mandamiento del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que consideraba su magistrado que se estaba vulnerando el derecho a la propiedad privada. Fue durante una operación policial de gran envergadura por «usurpación de una propiedad privada» que se saldó con tres detenidos. Uno de los arrestados fue el propio promotor de la okupación, pues sobre las nueve de la mañana amenazó con quemarse a lo bonzo en plena calle con la intención de evidenciar la «situación desesperada» en la que quedan las personas que vivían en el interior del inmueble.

Los residentes, algunos con problemas de salud y con signos visibles de deterioro físico, aseguraron en aquel momento que iban a volver a vivir en la calle, ya que este hotel abandonado era su único refugio al que pueden optar. Desde entonces varios de ellos están acampados en el soportal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón, donde reclaman una vivienda digna, tras rechazar la ayuda inicial que el consistorio les ofreció de un alojamiento en el albergue municipal.

Esta sociedad gestiona en Zaragoza una cartera de 430 viviendas y 74 locales comerciales, además de suelos y otros activos inmobiliarios como garajes y anejos, con la obligación legal de vender todo.