La empresa pública de gestión forestal Sarga ha comunicado esta semana a 64 bomberos forestales el final de su contrato para esta temporada, dejando en activo (por el momento) a 390 trabajadores en las cuadrillas terrestres aragonesas y a todos los de las helitransportadas.

El precipitado fin de los contratos fue duramente criticado ayer por el sindicato Osta, por cuanto supone un claro incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico con Podemos y de la propia palabra del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA, Joaquín Olona, quien aseguró el pasado mes de mayo que lo único que no se cumpliría en cuanto a prolongación de los contratos sería lo relativo al personal de los puestos fijos de vigilancia.

BAJO RIESGO

Fuentes del departamento apuntaron ayer que las cuadrillas terrestres trabajan «en función del presupuesto, el bajo riesgo de incendios y las necesidades», criterios por los cuales se van rescindiendo los contratos. De hecho la previsión del sindicato Osta es que se reduzcan hasta 350 contrataciones de aquí a final de año, lejos de los datos proporcionados por el Ejecutivo autonómico, si bien estas son solo las de esta semana.

Según este, además de los factores expuestos, Sarga ha desarrollado un «estudio de evaluación del rendimiento» de las cuadrillas, factor que también ha tenido su peso a la hora de seleccionar a los despedidos anticipadamente.

Desde el sindicato Osta afirmaron que este factor en concreto no ha sido comunicado junto a la rescisión del contrato, más allá de «criterios técnicos». El rendimiento, explicaron, supuestamente debe de corresponder a las labores silvícolas de prevención que las cuadrillas realizan cuando no están apagando fuegos. Pero según indicaron fuentes sindicales, nunca han recibido unos criterios claros de evaluación ni se tiene en cuenta la dificultad de unas zonas u otras a la hora de, por ejemplo, desbrozar un terreno.

En cualquier caso, lo que Osta criticó de la comunicación es, en primer lugar, que supone romper la promesa del Ejecutivo de mantener a las cuadrillas al menos 10 meses y medio trabajando, para lo cual hubiese hecho falta mantenerlas hasta el 31 de diciembre, dado que muchos fueron contratados a mediados de febrero.

Además de este incumplimiento, también atacaron las formas, por la precipitación de la comunicación (a algunos les llamaron ayer para que no vayan a trabajar el lunes) y la falta de preaviso a los sindicatos representantes de la plantilla.

El sindicato advirtió de que, con decisiones como esta, «las negociaciones para el segundo convenio colectivo de Sarga empiezan por mal camino» y no descartó movilizaciones contra los nuevos «incumplimientos» del Gobierno de Aragón.