La actual empresa pública del Gobierno de Aragón, fusión de las antiguas Sodemasa y Sirasa, pagó facturas por valor de 138,2 millones de euros por bienes y servicios a terceros entre el 2012 y el 2016, de los cuales 10,5 fueron abonados con alguna clase de irregularidad: sin ningún tipo de contrato, fraccionados en licitaciones menores o con procesos que no seguían las normas de la propia compañía.

Así lo destaca el informe de la Cámara de Cuentas que ayer fue entregado en las Cortes de Aragón, y que también reflejaba numerosas faltas de justificación en la elección de contratistas para diversos servicios. El documento de la cámara incluye las alegaciones de la empresa pública a las apreciaciones iniciales del órgano fiscalizador, pero la inmensa mayoría fueron desestimadas y las que no aportaron apenas matices.

Entre los abonos irregulares que recoge el informe, 5,5 millones de euros corresponden a contratos fraccionados, que la empresa licitó «eludiendo así, entre otros, los requisitos de publicidad». Partidas de servicios que se podrían haber ofrecido para varios años, pero que al hacerlo por ejercicios, con menor importe, permitían un procedimiento no anunciado públicamente, de contrato menor, aunque acabaran yendo siempre a la misma empresa o proveedor. El informe no entra en si esto es delictivo o sospechoso, pero la Cámara pone su análisis a disposición del Tribunal de Cuentas para que este decida qué camino seguir.

VIGILANCIA

En este ámbito, el documento recoge por ejemplo los 748.000 euros que se acabaron pagando a lo largo de los años para la gestión de los centros de interpretación de espacios naturales protegidos, con «ausencia de previsión y planificación».

Otra categoría de abonos irregulares con los 3,8 millones que se pagaron obviando los procedimientos de contratación de la propia Sarga. Destacan los 2,4 millones de euros en combustible que, por su volumen financiero, debería haber estado sujeto a mayor regulación.

Los 1,1 millones de euros restantes fueron abonados sin contrato ninguno que los amparase. Destacan por acumulación en el lustro los pagos de suministro de combustible (313.000 euros) o reparación de vehículos (296.000 euros), aunque también llaman la atención los 200.000 euros por «externalización» en el 2012.

Gran parte del análisis de la Cámara de Cuentas se centra en diversos tipos de contratos, que comparten el problema de la falta de justificación de por qué se eligió una oferta frente a otras.

Otros elementos negativos son las «horquillas muy amplias y poco homogéneas» en el sueldo de los trabajadores, derivadas de cobrar más por «derechos adquiridos» y convenios heredados, no por desempeño real. Sin embargo, no hace referencia a los sueldos de directivos, cuya afiliación política generó tanta polémica en las Cortes.