Alivio y expectación. Ese es el sentir en torno al borrador del reglamento de la Ley de Extranjería que tienen diversas asociaciones del ámbito de la inmigración en Aragón. Tras el primer encuentro con el diputado del PSOE Jesús Membrado, quien llamó al diálogo, sólo han tenido una semana para estudiar el texto. Aún así, valoraron muy positivamente la nueva reunión de ayer, que sirvió para calmar los temores sobre el proceso de normalización.

"Creíamos que tenía que haber de por medio una denuncia del trabajador, lo que creaba alarma y ponía al empresario en una situación difícil. Pero nos han explicado que esa denuncia no es necesaria. Por eso estamos contentos con el borrador", manifestó Mohamed Tamer, de la asociación de marroquíes Al Bughaz.

También desde la Fundación San Ezequiel Moreno, que trabaja como facilitador en el ámbito de las relaciones entre empresarios y trabajadores, se mostraron satisfechos: "Se nos ha aclarado que una cosa es el proceso de normalización y otra el arraigo laboral. Para la primera aún no tienen definidos los criterios, por lo que todavía no nos pronunciamos, pero dicen que serán flexibles y que no hará falta una denuncia", explicó la gerente, Barbara Marqués, que añadió: "Es un buen reglamento, más claro y que permitirá ganar en agilidad con aspectos como el registro central de extranjeros".

Desde la Asociación ecuatoriana Galápagos, que ayer no pudo asistir a la reunión, señalaron varios puntos a modificar en el borrador. Consideran que el documento es poco claro sobre la normalización de los inmigrantes que trabajan por horas en diferentes empleos.

"Los que trabajan en el servicio doméstico o en la atención a ancianos suelen tener varios empleadores, situación que no recibe amparo en el nuevo texto. Creemos que también deben poder acogerse a la regularización", manifestó Jacinto Bacón.

SOS Racismo denunció "la visión exclusivamente laboral que ofrece el texto del inmigrante", por lo que "puede perderse la oportunidad de dar una visión global, que incluya aspectos sociales", afirmó Katrina Belsué, que destacó otros fallos como "el endurecimiento de las condiciones de asilo". Aún así, señalan cuestiones positivas, ya que "reduce la discrecionalidad en la concesión de los permisos, clarifica los trámites y gana en agilidad".