"Satisfacción" ha sido la palabra más escuchada entre los firmantes de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, que se han reunido este lunes en las Cortes para escenificar su comporomiso con las 273 medidas que recoge. Un conjunto de pautas muy ambicioso, y como tal, costoso. Tanto que no hay mucha concreción de lo que puede llegar a costar, más allá de que se nutrirá del reformado presupuesto aragonés y de las aportaciones del Gobierno estatal y de Europa. Pero un pacto "histórico", en cualquier caso, pionero en España y que tanto los agentes sociales como la oposición, entre los firmantes, han urgido a poner en marcha cuanto antes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la "inteligencia, eficacia y generosidad" de los equipos negociadores a la hora de poner negro sobre blanco las medidas y reclamaciones al Ejecutivo estatal. Unas medidas que parten del objetivo de combinar el desarrollo económico con el fortalecimiento de los servicios públicos, con una "preocupación obsesiva" porque toda la comunidad salga adelante a la vez. Incluso más allá de las medidas, Lambán ha destacado el valor del pacto de los partidos de las Cortes (salvo Vox), los agentes sociales y la Federación de Municipios para dar "estabilidad" a la comunidad, que atraiga inversiones y actividad. Y ha animado a la política nacional a que cunda el ejemplo, aunque sin mucha fé.

En lo económico, Lambán ha afirmado que esta semana esperan poder concretar la aportación del Gobierno autonómico, una vez calculado de qué pueden prescindir las consejerías. aunque ha reconocido que, igual la situación "desbordaba" a cualquier Gobierno, partido o agente, la mayor parte tendrá que llegar de España. Por ahora, con los 16.000 millones para las comunidades autónomas, a los que luchará porque se añada la mayor parte posible de los 150.000 millones europeos. En cualquier caso, primero habrá que saber con cuánto cuentan para luego cumplir el mayor número de medidas posible.

LA OPOSICIÓN, EN SU PAPEL

La oposición, de la que Lambán ha agradecido su especial "generosidad", ha dejado claro que, una vez cerrado el pacto, la iniciativa es del Gobierno de Aragón y su "legítimo papel" será fiscalizar que se cumpla y criticar sus fallos. Así lo ha dejado claro el presidente del PP autonómico, Luis María Beamonte, quien ha deseado que el PSOE tenga la misma generosidad que ellos en comunidades donde gobierna el PP. A nivel nacional lo ve difícilmente replicable, con el "muy poco razonable" Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu y los nacionalistas.

Daniel Pérez Calvo, por parte de Ciudadanos, ha animado también a pasar "de las musas al teatro" cuanto antes y poner en marcha este documento, que "bien podría ser un programa electoral", para que sirva de "homenaje" a los aragoneses aunque, "desgraciadamente, lo más importante, las vidas, no las podremos recuperar".

Por la izquierda, Álvaro Sanz, de IU, ha lamentado que, aunque han podido incluir muchas de sus reclamaciones (como la apuesta por la atención primaria, el consumo de proximidad o la farmacia en el sistema público), podrían haber sido "más incisivos" en los cambios del modelo productivo y abrir el debate de la financiación, con los impuestos.

Entre los grupos del Gobierno, con Vicente Guillén por el PSOE, Marta Prades por Podemos, Joaquín Palacín por CHA y Arturo Aliaga por el PAR, han destacado el valor del pacto para los aragoneses. Este último ha calificado el pacto de "innovador", al abrirse al diálogo social, para hacer "una radiografía" de las necesidades de la sociedad.

Por parte de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, su presidente, Luis Zubieta, ha alabado también la capacidad de pactos y ha reclamado, como también recoge el pacto, que se les deje invertir el superávit, "ahora más que nunca", para que los consistorios puedan contribuir decisivamente a la recuperación.