Marcha atrás. La multinacional Schindler ha decidido paralizar la contratación de trabajadores temporales en su planta de Zaragoza para hacer frente a puntas de trabajo. Así al menos lo señalaron ayer fuentes internas después de que el comité de empresa advirtiese a la dirección de las consencuencias que podría tener la entrada de personal eventual mientras se acaba de anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE), que se traducirá en 119 despidos.

La compañía había contactado hace unos días con una empresa de trabajo temporal para que reclutase a antiguos extrabajadores de la firma de ascensores ante una eventual necesidad de mano de obra. Al parecer, la incorporación de algunos de estos temporales se iba a producir de forma «inmediata», tal y como publicó este diario en su edición de ayer.

Esta circunstancia se produce en un momento en el que la empresa acaba de comunicar a los proveedores que dejará de recibir material en la factoría del polígono Empresarium en el plazo de apenas tres meses. Esta circunstancia tendrá un efecto directo en alrededor de 60 pymes o empresas auxiliares del sector de Aragón.

COMPÁS DE ESPERA

La próxima semana será importante para conocer cómo se desarrolla la negociación entre los sindicatos y la dirección de Shindler. Ayer, el portavoz del comité de empresa, Sergi Jaca, consideró que «positivo» el hecho de que la compañía haya descartado finalmente incorporar personal temporal a la plantilla, al menos, hasta que se resuelvan los despidos. «Si se quiere empezar bien la negociación, habrá que empezar con buen tono y buena fe», valoró Jaca. La primera reunión entre las partes tendrá lugar el próximo miércoles, a partir de las 10.00 horas en el hotel Hiberus.

Hasta entonces, los sindicatos están celebrando asambleas. Es el caso de UGT y de USO, que han mantenido ya una reunión con sus afiliados para ver cómo afrontar la negociación. Mientras, CCOO está a la espera de conocer la memoria del ERE para informar y tomar decisiones con sus afiliados, según apuntó Jaca a este diario.

Otro de los objetivos de las organizaciones es conseguir el respaldo de los partidos políticos y que la DGA se pronuncie sobre los 119 despidos. Por lo pronto, PP e IU han presentado sendas preguntas al Ejecutivo de Lambán para conocer su visión del conflicto. Mientras, el fin de semana transcurre con inquietud entre la plantilla.