La Asociación Sindical de Secretarios Interventores de Aragón (Assia) no descarta convocar de nuevo una jornada de huelga el próximo 13 de julio para denunciar la situación de precariedad que en su opinión se ha abierto con motivo de la sentencia que tumbó la bolsa de interinos impulsada por el Gobierno de Aragón.
El secretario general de la agrupación, Jorge Gallego, avanzó que el colectivo está viviendo «una afrenta» en comparación con otros sectores profesionales. «Aún estamos esperando una reunión con el departamento para intentar acordar un modelo que se atenga a derecho», explicó.
La agrupación asegura que el texto recurrido se excedía en sus funciones al entender que la competencia para acreditar a estos profesionales es del Estado. Y denunció que facilitaba la arbitriariedad en los despidos al proporcionar a los alcaldes la posiblidad de echar a los interventores casi sin motivos. «No puede ser que este tipo de cuestiones dependan de la decisión de una persona», indicó. Con los anteriores reglamentos, lo habitual, en el caso de discrepancias, era recurrir a un expediente disciplinario.
Además, alertaron de que la bolsa de trabajo exigía unas titulaciones que solo impartía la DGA (alguna de las cuales requería cuantiosos pagos) que no valoraba la experiencia. Gallego reclamó rapidez para solucionar los problemas al entender que existen muchos municipios sin secretario en una época en la que cada vez son más necesarios, entre otras cosas para gestionar el trámite de diferentes subvenciones.
El Partido Popular en la comunidad ha amparado en todo momento la reivindicación laboral de los secretarios. En el pleno de la pasada semana el diputado Miguel Ángel Lafuente alertó de la situación creada y señaló que la bolsa era «un ataque a la independencia de unos funcionarios públicos y a la dignidad de un colectivo porque ni valoraba la experiencia, ni la formación para acceder a una plaza».
El PP señaló igualmente que la decisión de imponer nuevas pruebas «posibilita una purga indiscriminada» .
dimisiones / El responsable de los secretarios defendió la necesidad del diálogo y no comparte la petición de dimisión que los populares han lanzado contra el director general de Administración Local, Sergio Pérez. «Lo importante es que cambie la actual línea del departamento, las personas no son tan importantes», alegan.
El Gobierno de Aragón confía en que la Justicia estime el recurso que han presentado contra la decisión judicial. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, sostiene que la bolsa de empleo sigue los parámetros que se fijaron en convocatorias anteriores y explicó que sigue el mismo modelo que en otras comunidades regidas por el PP y en las que no ha sido denunciado.
Al ceñir el conflicto a un problema de competencias expresó que tras la cesión de las mismas en marzo por parte del ministro de Administración Pública, Cristóbal Montoro, se solucionará el problema. De este modo cree que se podrán mantener incluso las pruebas previas que se han incorporado.
