La situación es «desesperada» para el sector agrario en Aragón, según denuncian las principales organizaciones de la comunidad. Por eso han decidido sumarse a las protestas que tendrán lugar el próximo 28 de enero en diversos puntos de España. Los precios a los que cobran los fruticultores su producción han desencadenado una reacción en la que se alerta sobre el futuro de un sector fundamental para la supervivencia del mundo rural.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), José Manuel Roche, habla de una «evolución negativa» desde que se aprobara el veto ruso a la exportación de fruta. Un mercado muy importante para la exportación quedó cerrado de un día para otro y ha sido complicado recuperar esa salida para los productos aragoneses. Además, señalan que los fruticultores se enfrentan a una situación de «sobreproducción» empeorada por los cambios climáticos.

«La producción del sur del país se está solapando con la de Aragón y Cataluña», evidencia Roche. Esto ha supuesto «bajadas brutales» en los precios que perciben los agricultores frente a los márgenes de beneficio de las operadoras y los intermediarios.

Una de las medidas que las administraciones -tanto la estatal como el Gobierno de Aragón- deberían adoptar para evitar el deterioro de todo el sector pasa por la regulación de las grandes plantaciones y las ayudas al arranque de frutales. «Llevamos poniendo las mismas medidas sobre la mesa desde el 2018, todos ven el problema, pero no hemos logrado que pongan nada concreto sobre la mesa», lamentan.

RENTAS BAJAS

Con el objetivo de alentar la participación, desde UAGA Aragón están convocando una serie de asambleas informativas por todo el territorio. Consideran que el problema va mucho más allá de la situación de los fruticultores. «El futuro de una agricultura con agricultores está realmente en riesgo», afirma el secretario general del sindicato, José María Alcubierre.

«Las rentas en el sector han bajado un 8,5%, solo funcionan bien los productores de porcino», evidencian. De este modo piden una implicación en «políticas agrarias de verdad» para lograr la rentabilidad de las explotaciones «contra los abusos de la cadena agroalimentaria». Y creen que todo pasa «por una PAC dirigida a los profesionales agrarios» del entorno rural.

SECTOR ACEITERO

Por otro lado, la justicia norteamericana ha tumbado esta semana los aranceles a la exportación de olivas de mesa. En su decreto ha condiderado que esta operación «es compatibles con la PAC». Según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se ha demostrado que es «lógico y legal» que los agricultores «reciban ayudas y puedan exportar con libertad». En Aragón solo se producen 15 hectáreas de olivos destinados a la comercialización directa, aunque existen otras 1.466 hectáreas en las que el agricultor decide si comercializa las olivas para su consumo directo o las destina a la producción de aceite. Sin embargo, la decisión norteamericana se ha recibido «con esperanza», pues el presidente Donald Trump también ha establecido aranceles a la exportación de aceite, un sector al que están destinadas 53.000 hectáreas de olivar. «Se está demostrando que con la producción de alimentos no se juega », valoraron desde la organización agraria al celebrar lo que consideran una victoria judicial.