Varios juzgados de la capital aragonesa investigan por supuesta estafa al Negociador Bancario, una empresa que prometía paralizar las demandas de ejecución hipotecaria consiguiendo al final del procedimiento judicial que el cliente con la entrega de la vivienda se quedase sin deuda o que recuperara la misma sin hipoteca. A la denuncia interpuesta en noviembre del 2016 por un zaragozano que estuvo a punto de ser desahuciado -que no ha sido todavía juzgada- se acaban de sumar varias familias, algunas de ellas residentes en Valencia, donde también operaban los dos denunciados, A. G. T. y G. P. F.

La abogada de todos ellos es Irene Romea, quien señala que en todos los casos se cumplió el mismo modus operandi. Las víctimas contactaron con los querellados, puesto que tenían problemas económicos y se les hacía «muy cuesta arriba» abonar las cuotas hipotecarias de sus viviendas. «Creían que las entidades bancarias iban a presentar ejecución hipotecaria sobre las mismas y por internet localizaron al Negociador Bancario, que les prometió que no iban a perder sus casas», destaca.

Romea afirma que el Negociador Bancario les explicó a las víctimas que el plazo medio de duración de estos procesos era de unos 8 años y que el equipo de abogados de esta empresa garantizaba que durante dicho período las personas podrían hacer uso del inmueble e incluso alquilarlo. «Los querellados, aprovechándose de la ignorancia de estas personas y de sus situaciones angustiosas, les convencieron de que con sus servicios iba a estar todo ese tiempo en su vivienda y al final del plazo podrían, bien recuperarla en condiciones más ventajosas o darla en pago de deuda, cuando ello jurídicamente es y era imposible».

Para ello, las víctimas abonaron cantidades de hasta 10.000 euros siendo la única actividad procesal de los querellados el alargar el procedimiento sin causa, «con el único fin de percibir los 20.000 euros de honorarios que constan en la hoja de encargo». «El engaño es claro y desgarrador, puesto que recae sobre unas personas en una situación económica precaria y sobre un objeto de primera necesidad como es la vivienda», lamenta Romea. Considera «ilustrativos» los correos electrónicos de los imputados a sus clientes en los que «con una frialdad absoluta», igual recomienda dejar de pagar un préstamo con el riesgo de dejar a sus clientes sin vivienda, que propone a un cliente comprarle la vivienda por un euro, con subrogación del préstamo hipotecario sin consentimiento del banco, asumiendo la defensa jurídica a cambio de percibir 125 euros al mes.

Junto al delito de estafa agravada, A. G. T. es denunciado por un delito de intrusismo profesional al presentarse como negociador bancario, título inexistente, al menos a la fecha en el Ministerio de Educación. Ambos tienen antecedentes penales, según los querellantes, y tienen abierta, al menos en esta ciudad, otra causa penal por un asunto similar».