Seis vecinos de la casa azul han emprendido acciones por su cuenta para investigar la causa del socavón que obligó a desalojar y derribar dicho inmueble, por lo que han pedido los permisos al ayuntamiento para realizar sondeos en el solar. Algo que no tendría más relevancia si no fuera porque los afectados que han requerido este análisis consideran que la ruina del inmueble estuvo motivada por "dos averías en las redes de abastecimiento y saneamiento", algo que de ser así y de demostrarse revelaría una responsabilidad del consistorio bilbilitano.

La solicitud oficial de estos vecinos, conocidos como disidentes entre el resto de los propietarios, llega después de que un juez autorizara por dos ocasiones esta práctica pericial basándose --según recoge textualmente la segunda resolución-- en que "si no se asegurara la prueba, se destruiría cualquier vestigio que nos diera razón de a qué se ha debido las causas por las que el edificio de la calle Justo Navarro 6-8 se hundía y se procedió a su derribo".

Los concesión de los permisos administrativos es el último paso de una larga carrera, no exenta de obstáculos, emprendida hace ya más de seis meses por estos vecinos, propietarios en total de 8 viviendas, para analizar el solar. Estos disidentes no están de acuerdo con la decena de informes encargados, en su mayor parte, por el propio consistorio y que apuntan como desencadenantes del siniestro "causas naturales".

ORDEN DEL JUEZ Ya el pasado ocho de julio, una providencia del Juzgado de Primera Instancia de Calatayud requirió al presidente de la comunidad de bienes que facilitara la práctica pericial solicitada, incluida la obtención de las autorizaciones y permisos administrativos pertinentes, todo ello "bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad".

No obstante, los representantes de la comunidad de bienes recurrieron dicha providencia alegando la "vulneración" de diversas leyes, y la "mala fe procesal", y marcando a su vez una fianza de "por lo menos 5 millones de euros" como "garantía de los daños y perjuicios que se puedan irrogar (se entiende que de los sondeos)". La respuesta judicial se ha hecho esperar casi tres meses, aunque, eso sí, ha sido demoledora.

El pasado 13 de octubre el juez reiteró el derecho de los vecinos a realizar la práctica pericial (sondeos) y denegó por tanto el recurso de reposición que la había paralizado hasta entonces. En dicho auto se califica la actitud de la letrada Carmen Hernández, defensora de los intereses de la Comunidad de Bienes, como "obstinación" y sus alegaciones como "disparates".