Solo 24 horas antes de que comience la comisión especial que analizará las deudas mutuas entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, se dio a conocer el estado actual de uno de los temas pendientes entre ambas administraciones: el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Más concretamente la segunda fase del mismo, que le corresponde costear a la DGA, y para la que será necesaria una inversión de 11.192.953 euros (IVA incluido).

Así lo detalla el informe de la Oficina de Espacio Urbano y Gestión de Residuos del consistorio que le fue entregado ayer a los grupos municipales de la oposición para que conozcan el estado actual del cumplimiento de un convenio entre la DGA y el ayuntamiento que se firmó en el 2014 y que acumula retrasos en su cumplimiento. Tanto que destaca en sus conclusiones la necesidad de modificarlo por las circunstancias que se dan en estos momentos. Aquel escrito establecía la obligación de consignar partidas presupuestarias en 2016, 2017 y 2018, pero el año pasado no hubo ni un euro.

UN 9,78% DE SOBRECOSTE // Ahora la estimación de los técnicos fija el plazo para ejecutar los trabajos en solo 8 meses, pero resulta que la planificación presupuestaria establece un plurianual a tres años en el que para 2017 hay ya 3,5 millones de euros, los mismos que para el próximo, y los 4,3 restantes, en el 2019. Sin embargo, ocho meses no se pueden estirar tanto. O se adelanta el pago al 2018 o se divide esta segunda fase en dos subfases distintas.

«Parece lógico, a nuestro parecer, que es necesario una modificación del convenio mediante adenda», destaca el informe. Así, plantea la alternativa de licitar las obras ya y pagar las certificaciones en dos ejercicios o, como los trabajos a realizar se centran en dos localizaciones geográficas distintas (donde están los residuos industriales y los restos de construcción), sacar dos concursos públicos distintos por valor de 9 y 2,2 millones, respectivamente. Y diferir el inicio de uno a la finalización del otro.

Su ejecución culminaría un sellado para el que ya se ha realizado la primera fase, financiada por el ayuntamiento. Sobre esta, el informe señala que se finalizó con un sobrecoste del 9,78%, ya que se adjudicó por 7,3 millones y acabó costando 8,04.

La obligatoriedad de sellar el vertedero se remonta al 2009, cuando dejó de funcionar. La obligación, instada por el Inaga, llevó a fijar en 27 millones la inversión necesaria. El convenio de colaboración estableció que el 52% lo aportaría el ayuntamiento (14,5 millones) y el 40,66%, la DGA (11,3). Otros dos los ponía la diputación provincial, elevando la inversión global a 27 millones de euros. Y ahora solo falta que pague la DGA.