El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza escenificaron ayer la firma del convenio que desbloquea definitivamente las obras del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. El consejero de Medio Ambiente de la DGA, Modesto Lobón, y el vicealcalde, Fernando Gimeno, plasmaron en el papel un acuerdo vestido de cordialidad, buena voluntad y colaboración entre Administraciones, pero que no oculta la urgencia y las prisas de una rubrica marcada por los plazos y la necesidad imperiosa de salvar in extremis la ejecución del proyecto y los siete millones de euros con los que Europa, a través de los Fondos FEDER, va a ayudar a costear.

Porque si no se acaba en diciembre del 2015 se pierden. No había más margen para adjudicar los trabajos de la primera fase, sobre todo después de que se solventara en tiempo récord el hándicap de tener que pagar por ocupar esos suelos, mientras duren las obras, a su propietario. Con este convenio, mañana el Gobierno municipal aprobará el pago de 85.000 euros por ello. Y la próxima semana se adjudicará el contrato a la empresa que ofreció una rebaja de más del 40% en el coste de 14,5 millones con el que salió a licitación. Pero esto no es lo más positivo de su propuesta, sino el plazo en el que prometió hacerlo.

La UTE formada por Urbaser, Idecon y Sumelzo ofreció realizarlo en doce meses, dos menos de los que proponía el pliego de condiciones. De no hacerlo, Zaragoza y la DGA ya se podían olvidar de la ayuda europea, que representa el 80% del precio de adjudicación. Ahora, se agilizará al máximo para firmar en noviembre el contrato y comenzar el acta de replanteo en diciembre para llegar al 31 de diciembre del 2015.

Así, con el convenio firmado, Lobón y Gimeno se mostraron esperanzados en que "se aceleren otros convenios" pendientes entre la DGA y el consistorio, como la eterna compensación de deudas mutuas. Y reiteraron, una y otra vez, su "voluntad" de colaborar en este y otros temas, pese que, a renglón seguido, no aclararan sus pretensiones, dispares, con el futuro Plan GIRA que podría llevar a decenas de municipios a verter sus residuos en la planta de Zaragoza --el consejero dijo que estará "antes de final de año"--, o sobre la deuda que algunos de los 62 que ya lo hacen mantienen con el ayuntamiento, o cuál debe ser la financiación, o quién debe asumirla.

Ayer se trataba de no tirar a la basura siete millones, y comprometerse la DGA a pagar la segunda fase, que se hará entre 2016 y 2018 por 11,3 millones, hasta alcanzar los 27,8 que vale dar carpetazo al "problema ambiental más grave" de Zaragoza.