Una sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento de Huesca a pagar 4,6 millones de euros a los propietarios del denominado Polígono 32 por la expropiación de su suelo, condicionará las cuentas municipal hasta 2016 y obligará a poner en marcha un plan de saneamiento financiero.
Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, para informar de un revés judicial que duplica la indemnización que ya les reconoció el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a los propietarios por la expropiación de esta zona, un campo de cereales y un tozal.
La responsable municipal ha explicado que la sentencia duplica los aprovechamientos urbanístico que en su día les fueron reconocidos a los propietarios del suelo y, por tanto, dobla la indemnización que les fue reconocida en julio de 2012 por el tribunal aragonés.
Alós ha asegurado estar "indignada" por esta situación, de la que ha responsabilizado a la anterior corporación socialista por su, según ha afirmado, negativa a reunirse con los propietarios del suelo para negociar un convenio que hubiera evitado esta situación.
Según la edil, aunque se dieron "cientos de posibilidades" de negociar un acuerdo, el grupo socialista, con su alcalde, Fernando Elboj, "miró hacia otro lado".
La alcaldesa ha instado al actual portavoz del grupo municipal socialista, Luis Felipe, vicealcalde con Elboj, a dar una "explicación" ya que, ha añadido, "hubo oportunidades para arreglar esto desde el ámbito urbanístico y no se hizo".
Tras resaltar que este contencioso va a suponer un gasto de 9 millones para las arcas municipales, Alós ha explicado que la nueva condena judicial va a suponer a cada familia oscense un gasto en torno a los 700 euros.
"A Luis Felipe, que se le llena la boca hablando de las familias con menos recursos, hay que preguntarle que a cuantas familias se podía haber ayudado con estos recursos", ha añadido.
Alós ha explicado que tanto el PP como sus socios de gobierno del PAR en el consistorio acordaron ayer no modificar el proyecto de presupuestos elaborado para 2015 ya que supondría la pérdida de fondos europeos y de transferencias de otras administraciones para la ejecución de proyectos de mejora urbana.
Por esta razón, el consistorio valora la posibilidad de recurrir a un endeudamiento extraordinario que permita pagar el principal de la deuda a fin de evitar el incremento de los intereses y de negociar con la propiedad el pago de éstos en plazos.
Un endeudamiento, ha añadido Alós, que "romperá" la estabilidad presupuestaria conseguida durante el actual mandato y que condicionará las cuentas del consistorio al menos hasta el ejercicio de 2016.
El contencioso tiene su origen en la disparidad de criterios en torno al valor de expropiación de la parcela, seis hectáreas de cereal y un tozal vinculadas a unos aprovechamientos urbanísticos cercanos que los propietarios valoraron en 1993 en casi 6 millones de euros y que el ayuntamiento tasó cinco años después en 180.000 euros.
Tras años de conflictos en tribunales, el TSJA resolvió en 2011, en ejecución de sentencia, que el Ayuntamiento de Huesca debía de pagar 4,5 millones de euros de indemnización más intereses a la propiedad, cantidad que ha duplicado ahora el Supremo al entender que los aprovechamientos reconocidos debían de ser mayores.
Alós ha insistido en reclamar del portavoz socialista explicaciones en torno a las razones que impidieron llegar a acuerdo con los propietarios, a pesar de la disposición de éstos a la negociación.
