El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha identificado que ha pagado de más a alrededor de 8.000 trabajadores aragoneses por las prestaciones de paro de los ertes. Un año después del estallido de la pandemia y de que se activará esta herramienta de protección social, el organismo público va a proceder a regularizar estos cobros indebidos, que se dieron sobre todo en los primeros meses como consecuencia del colapso administrativo que sufrió y los problemas en la comunicación de las altas y bajas en este mecanismo de suspensión de empleo. Esto no va conllevar ninguna sanción ni coste añadido para quienes se encuentran en esta situación.

El antiguo Inem ha reforzado el departamento de cobros indebidos para intensificar esta tarea, que había quedado aparcada ante el atasco de trabajo y la necesidad de priorizar la tramitación de las prestaciones. El proceso de regularización se hará por dos vías. Si el afectado sigue de alta en un erte, se realizará una compensación en los pagos mensuales. En caso contrario, a través de un requerimiento por carta para proceder a la devolución. En la provincia de Zaragoza ya se han remitido en febrero 577 misivas de este tipo y se intensificará el ritmo en los próximos meses hasta completar los más de 6.000 casos detectados de los 8.000 de todo Aragón.

«La culpa fue de la Administración, que es quien tiene que reclamar el dinero, pero no habrá expedientes sancionadores porque el ciudadano no ha tenido responsabilidad alguna», aclaró ayer el director provincial del Sepe en Zaragoza, Fernando de Miguel.

Récord de gasto

No está estimado el agujero de estos pagos erróneos. La cifra podría superar los 10 millones de euros solo en Aragón si se tiene en cuenta que la prestación media en el 2020 fue de 827 euros y que en buen parte de los casos se abonaron hasta varias nóminas de más. La paradoja es que, al tiempo que esto sucedía, miles de afectados por los ertes cobraban con dos, tres y hasta más meses de retrasos las prestaciones que sí les correspondían.

Sin duda, el Sepe ha estado en el ojo del huracán --y de la polémica— en la crisis laboral provocada por la pandemia. El aluvión de los ertes causados por el covid-19 puso contra las cuerdas a una Administración que no estaba preparada para lo que se le venía encima. Solo en Aragón, el antiguo Inem tramitó el pasado año 668.000 expedientes, casi cuatro veces más que en el 2019 (174.000).

La mayor parte correspondieron a los ertes, que sumaron 505.613 casos (409.000 en Zaragoza). Estas cifras no equivalen al número de afectados sino al volumen de trámites para el cobro de la prestación contributiva, ya que muchos trabajadores han visto suspendido su empleo por el covid durante múltiples periodos.

10.000 personas llevan un año en erte

En la comunidad se han tramitaron 8.500 expedientes de empleo, casi todos ellos ertes bajo la normativa específica aprobada a raíz el coronavirus. En esta modalidad han llegado a estar entre abril y diciembre nada menos que 177.113 trabajadores aragoneses, ya sea en periodos breves de una o varias semanas o de manera permanente. En concreto, se estima que en torno a 10.000 asalariados de la comunidad van a cumplir un año cobrando del Estado al seguir con sus empleos suspendidos.

El coste que esto ha tenido para el erario público es descomunal. El gasto en prestaciones del Sepe alcanzó en el 2020 la friolera de los 842 millones de euros en Aragón, el doble que el año anterior (427 millones), lo que supone la cifra más alta de la su historia. El mayor registro hasta ahora era del 2012, el peor ejercicio de la anterior crisis económica, cuando fueron 828 millones.

La tercera oleada epidemiológica que sufrido Aragón y el consiguiente endurecimiento de las restricciones sanitarias ha tenido su reflejo en los ertes, que han repuntado en los últimos meses. En torno a 600 empresas (550 de la hostelería y el turismo) han presentado nuevos expedientes de empleo en enero y febrero, que se reparten prácticamente a partes iguales entre Zaragoza y Huesca a pesar de la desproporción de habitantes entre ambas. Esto se debe al fuerte impacto que ha tenido en el Altoaragón la suspensión de la temporada de nieve por las limitaciones de movimiento.

Cuatro veces más de trabajo con casi la misma plantilla

La multiplicación de la carga del trabajo «ha tenido que atenderse prácticamente con la misma plantilla que teníamos», destacó De Miguel. Aunque el servicio se ha reforzado con 23 interinos (18 se incorporaron en abril y 5 en septiembre), en este tiempo también se ha jubilado diez funcionarios. «Eran gente experimentad y a los que entraron al principio, como es lógico, les costó arrancar», recalca para poner de relieve la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos que se han dado. El organismo cuenta actualmente con 230 empleados en la comunidad (160 en Zaragoza, 33 en Teruel y 38 en Huesca), una plantilla además envejecida, ya que la media de edad supera los 55 años.

La calidad del servicio del Sepe sigue lejos de normalizarse, aunque se ha avanzado algo. La demoras en el pago siguen dándose. Las nóminas de los ertes se abonan con un mes de carencia debido al sistema de gestión introducido desde noviembre. Desde entonces, las empresas deben comunicar los periodos de actividad del trabajador a mes vencido a fin de abonar la cantidad exacta de paro y no la estimada.

«A nadie le gusta cobrar tarde, pero se trata de evitar los errores de antes y no tener que reclamar luego dinero», justificó De Miguel. En las prestaciones de paro ordinarias, el retraso medio era en diciembre de dos meses y ahora es «de poco más de un mes» en Zaragoza y Huesca. «Al principio de la pandemia fue un desbarajuste, lo llevamos cada vez mejor, pero el volumen de trabajo es muy elevado y con el personal que hay no se da abasto», explicó.