El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) responsabilizó ayer al Ministerio de Fomento del accidente del Yak-42, al considerar que la Dirección General de Aviación Civil debería haber detectado las deficiencias del avión.

En una conferencia de prensa celebrada en Palma de Mallorca, el presidente del SEPLA, Andoni Nieto, denunció que pese a que el vuelo del Yakovlev era una operación de carácter civil, la autoridad aeronáutica no inspeccionó el aparato, en cuyo accidente murieron 62 militares españoles.

Nieto estimó que "si el Ministerio de Defensa da por ciertos problemas de mantenimiento en el avión" e incumplimientos en relación a las horas de vuelo y a sus reservas de combustible la responsabilidad del siniestro es de Aviación Civil.

Según el SEPLA, "es como si un equipo de fútbol tiene un accidente de avión y se culpa a las autoridades deportivas de ello por haber contratado ese vuelo, siendo la responsable la Dirección General de Aviación Civil".

El responsable del sindicato advirtió además de que en la actualidad siguen operando aviones similares en España "sin que nadie haga la menor inspección". Estas palabras fueron calificadas por la Asociación Españolas de Compañías Aéreas (AECA) "tendenciosas y sesgadas".

Para argumentar esta tesis, Nieto destacó que España participa en el programa SAFA, establecido por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) por el cual las autoridades aeronáuticas de los estados miembros inspeccionan las aeronaves de otros países cuando aterrizan en suelo español.

Sin embargo, las aeronaves de la compañía propietaria del avión "aparentemente no fueron nunca inspeccionadas" por la Dirección General de Aviación Civil, lo que, a juicio de la central sindical, "viene a demostrar la dejación de funciones" que "está haciendo la Subdirección General de Control de Transporte Aéreo".

Estas polémicas declaraciones llegaron de forma inesperada diez días después de que el ministro de Defensa, José Bono, explicara ante la Comisión de Defensa del Congreso que desde el anterior equipo del departamento se ignoraron y ocultaron las quejas recibidas sobre la seguridad de los aviones exsoviéticos y que no se realizaron las inspecciones técnicas debidas al aparato.

Bono no hizo entonces alusión alguna a la posible competencia de Fomento en las irregularidades y se limitó a criticar que España no hubiera ejercido "el derecho a inspeccionar los aviones". Hasta ahora, siempre se ha defendido la idea de que el organismo encargado de dichas actuaciones es el Estado Mayor Conjunto (EMACON), con capacidad para estudiar el estado de unos aviones a los que también debía revisar la agencia de la OTAN Namsa.

En su comparecencia, Bono también indicó que en el accidente pudo influir la fatiga de los pilotos, que llevaban 23 horas y 26 minutos volando --sobrepasando las 18 horas y 50 minutos de la normativa española-- y que la tripulación viajó con un plan de vuelo falso.