El Seprona ha desalojado alrededor de un centenar de perros que se encontraban en la asociación protectora Catuscan, en una operación que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Medio Ambiente de la DGA. Los agentes clausuraron ayer el recinto, donde, según algunos testimonios, había canes en condiciones inadecuadas.

Según fuentes cercanas al caso, se podría acusar a los propietarios de este colectivo, que tiene sede en Garrapinillos, de maltrato y de comerciar con los animales, aunque todavía no se han confirmado los delitos que se podrían imputar a los propietarios de esta perrera al continuar abierta la operación.

Al parecer, esta protectora cuenta con dos terrenos donde albergaba a los canes y que ayer procedió a inspeccionar el Seprona, tras una investigación previa en la que se determinó que podría haber indicios de malos tratos a los animales e incluso de tráfico de animales. Una vez que se procedió a cerrar el centro, los animales --aún se desconoce el número exacto pero podrían ser entre 50 y 150--, tendrán que ser acogidos por el centro de protección municipal de Peñaflor, donde se estudiará la situación de cada can y se le aplicarán cuidados según su situación.

Actualmente, el centro municipal alberga alrededor de 150 mascotas, entre las que se encuentran en su propio recinto y las que hay en el programa de casas de acogida. Por este motivo, desde el consistorio zaragozano se ha lanzado un llamamiento para incrementar las adopciones y, de ese modo, dejar hueco a estos animales que precisan de protección tras su paso por la citada protectora. Esta previsto que los canes lleguen al recinto municipal en dos o tres días, donde se les hará un examen físico para ver sus condiciones.

Las primeras sospechas sobre la actuación de esta asociación llegaron este verano, con el caso de una galga, llamada Savanna, que había sido depositada en esta perrera. Cuando sus propietarios se interesaron por su estado y situación, desde la asociación explicaron que la perra se había fugado pero sus dueños no dudaron en acudir al recinto desde Sevilla. Allí encontraron indicios que les hicieron sospechar del trato dado a los animales y procedieron a denunciar a la asociación. De hecho, el pasado martes se produjo incluso una vista en el Juzgado número 10 de Zaragoza, en la que una de las propietarias aparecía como imputada por apropiación indebida.