La Comisión de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza vivió ayer, por primera vez, un interesante debate sobre cómo está afectando la movilidad compartida a la bicicleta pública, el servicio Bizi, sobre cómo se conjuga con la negociación abierta con la concesionaria, Clear Channel, por la ampliación fallida a todos los distritos de la ciudad, paralizada en el 2017, y de cómo ambos temas podrían acabar entrelazándose. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), a través de la coordinadora del área, Mamen Sancho, admitió que la multinacional ya ha mostrado su malestar por la permisividad que considera que se está teniendo con las múltiples operadoras de patinetes, motos y bicicletas que son competencia suya. Y fuentes próximas a la negociación aseguraron que esta «no descarta pedir compensación económica por el agravio, para el reequilibrio económico de la concesión».

El debate, en el que no participó el responsable del área, Alberto Cubero, giró en torno a otro tipo de compensación, la que podría acabar reclamando por la ampliación del servicio fallida, aprobada por el Gobierno en el 2017 y paralizada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) pocos días después, a petición del PP y cuando ya tenía instaladas cinco nuevas estaciones en la calle.

La oposición quería saber el estado de la negociación con Clear Channel por esa liquidación tras invalidarse una modificación del contrato que preveía añadir 120 terminales más y 1.200 bicicletas en tres años. Y si esta había pedido dinero por el lucro cesante y por fabricar estaciones y vehículos que ya no usará. Y la respuesta fue que solo ha valorado los costes de desmontar esas estaciones, 11.006,12 euros, pero no por las nuevas bicis, que «encargó a una empresa de su grupo radicada en México y que ahora se encuentran en un contenedor del puerto de Barcelona», dijo Sancho. Todos daban por bueno que la inversión ha sido de «unos 9 millones de euros» y que ya se ha hecho y querrá recuperarla, pero el Gobierno no lo contempla. O al menos garantiza que la empresa no lo ha solicitado.

Pero el Bizi ahora se ve afectado por la movilidad compartida, remarcó el edil del PP Sebastián Contín, ya que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, ha perdido un 10% de usos en el 2018 y 1.600 abonados, y sus bicis han bajado a 4,1 usos de media al día, «mientras los patinetes registran ya 6 o 7». «Solo unos meses después de este lío (la ampliación fallida) tenemos otros vehículos por los que podríamos cobrar un canon que han decidido no poner», afirmó. Recordó que el agravio radicaría en esa gratuidad por operar en Zaragoza a un modelo que compite con un Bizi «obsoleto».

Sancho explicó que esta es una concesión «peculiar» por la duración, 15 años que «excede por mucho lo que sería habitual», seis, e «inusual» porque su sustento económico está vinculado a la publicidad, pero que el pliego preveía para su ampliación la opción de aportar dinero o ampliar la duración aún más, y que es lo que el TACPA no aceptó y por lo que pidió esa liquidación que ahora se negocia. Pero que ordenaba «la restitución de las cosas entregadas» y esto, a su juicio, es solo las estaciones instaladas y ya desmontadas.

Pero el resto de partidos desconfían. «No sé si está en condiciones de decir que no se va a producir ninguna reclamación», manifestó Carmelo Asensio, de CHA. «Que no haya habido no significa que no la vaya a haber», apostilló Sara Fernández. «No sé si hay un serio problema de personal o que algún técnico no ha aprendido aún a decir que no a los responsables políticos», añadió Marta Aparicio. Todos reprochan de forma unánime las formas.