La aplicación del decreto que regula los espectáculos públicos en Aragón sigue provocando dudas e inquietudes. Las últimas surgen de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que han redactado un informe en el que alertan sobre la ambigüedad en la redacción de algunos artículos. Por eso creen que sería necesaria «una modificación» en la que se recogieran «explícitamente» algunas de las exclusiones que defienden desde el Ejecutivo pero que al entender del informe «no aparecen con suficiente claridad».

El decreto que regula la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias entró en vigor el pasado 27 de abril. Desde ese momento, un buen número de ayuntamientos han manifestado su inquietud por la falta de claridad en algunos aspectos, ya que aunque la norma va dirigida a los organizadores privados de eventos, muchos consistorios creen que no tienen la garantía jurídica de que no puedan ser multados.

INTERPRETACIÓN

La DGA reitera que quedan excluidos del decreto «los espectáculos públicos y actividades recreativas organizados por los municipios bajo la responsabilidad directa de estos que se realicen al aire libre, sin vallas o elementos que acoten el espacio, con o sin techo». Pero, según alegan los críticos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 «son también de aplicación a todos los espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas directamente por los ayuntamientos y comarcas en desarrollo de su competencia en material cultural y de tiempo libre».

Por ahora parece que los servicios jurídicos del Ejecutivo se suman a esta interpretación. Según el requerimiento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN firmado el pasado 23 de junio, algunas dudas «parecen fundadas».

La necesidad de servicios de seguridad, el uso de cámaras de vigilancia, las medidas de protección de menores y las prevenciones acústicas son algunas de las lagunas detectadas en el informe. «No basta una mera interpretación realizada por el Gobierno de Aragón, pues ello ni satisface la necesidad de seguridad jurídica ni exime de discrepancias futuras con otras Administraciones», establece la letrada de la comunidad.

Fuentes de algunas de las administraciones más críticas, como la Diputación Provincial de Huesca, en manos del PSOE, aseguraron ayer que están «a la espera» de las modificaciones. La DGA ya se comprometió en julio a estimar un informe con alegaciones presentado por la institución provincial.