Los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón emitieron el pasado octubre un informe negativo con respecto a Vanesa M. P. y Cristian L. V., los padres detenidos y enviados ayer a prisión como supuestos responsables de la muerte violenta de su hija de 2 años en Zaragoza. No podían hacer un seguimiento a la familia y acabaron remitiendo el expediente a la Fiscalía de Menores para intentar revertir la situación por la vía judicial.

Los técnicos se habían puesto en contacto con la pareja, pero, según fuentes consultadas por este diario, la respuesta era siempre infructuosa hasta el punto de que les emplazaban a ponerse en contacto con la abogada de Vanesa M. P.

Desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales reconocieron ayer que durante ese tiempo no se les dejó intervenir con el entorno familiar, ni a nivel educativo ni social. Los servicios sociales decidieron realizarles seguimiento después de que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, en el mes de agosto recuperaran la custodia de sus hijos, después de que las autoridades de Gerona abrieran un expediente por malos tratos. Durante dos años estuvieron con una familia extensa en Cataluña. Un juzgado acordó devolverles a los menores y fue en ese momento cuando esta pareja de 29 y 33 años decidió trasladarse a vivir a la capital aragonesa. Ciudad en la que tenían arraigo social, puesto que la familia de él reside allí.

Tras la muerte de la pequeña Laia, otra familia de acogida ha asumido a sus otras tres hijas de edades comprendidas entre los nueve años y los nueve meses. Ellos ingresaron en el centro penitenciario de Zuera por decreto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer. La Fiscalía había pedido la prisión provisional.

Fue después de una breve comparecencia ya que que se acogieron a su derecho a no declarar, tal y como hicieron en la sede policial por indicación de sus abogados defensores, Armando Martínez y Teresa Font. Consideraron ambos letrados, pertenecientes al Turno de Oficio, que su situación emocional no les iba a permitir dar una versión de los hechos con todas las garantías necesarias. Pero la investigación no se acaba aquí. todo lo contrario. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, el magistrado Alfonso Tello, dirigirá unas pesquisas que tratarán de aclarar el papel de cada uno de los jóvenes. Especialmente importante va a ser el informe forense que realice el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) puesto que tiene que determinar la causa exacta de la muerte de Laia, cuyo cadáver presentaba golpes a lo largo de todo su pequeño cuerpo.

Tan visibles eran que los vecinos que trataron de reanimarla vieron que presentaba moraduras en la cara, cabeza y en el costado. Estos evidenciarían que la menor pudo haber sufrido malos tratos. Unas marcas que no suelen apreciarse hasta pasado un tiempo de haberse producido. La madre y su pareja aseguraron que se había caído. Unos indicios que unidos a los antecedentes de los servicios sociales catalanes y aragoneses hicieron que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón procediera a detenerles como presuntos autores de un delito de asesinato.

De confirmarse que fue así, valiéndose de su superioridad impidiendo poder defenderse, la pareja podría enfrentarse a una condena de prisión permanente revisable. La primera en Aragón fue a Iván Pardo por el asesinato y tortura de Naiara, de 8 años. Ocurrió en el 2017 en Sabiñánigo. El miércoles el TSJA celebrará una vista para estudiar el recurso.