La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, se marcó como objetivo la eliminación de la lista de espera en dependencia, con un plazo máximo de seis meses entre el reconocimiento de la condición y la resolución de la prestación. En parte gracias al aumento de un presupuesto del 7% en la consejería, que alcanza los 440.324.046 euros, y que detalló este lunes en la Comisión de Hacienda de las Cortes.

Lo que destaca en esta consejería es que el 75% de los fondos se destinan a prestaciones y servicios, pese a lo cual a algunos partidos de la oposición les parece que el capítulo uno, los gastos de personal, están sobredimensionados. Criticaron esto y lo «continuistas» que son las cuentas, algo que la consejera no solo no negó sino que se mostró «orgullosa» de continuar lo que impulsó el Gobierno socialista y de CHA desde el 2015, afirmó.

En detalle, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) acapara la mayor parte del montante total, con 408,7 millones de euros, un 5% más que en el último presupuesto. La atención a la depedendencia y a la autonomía personal se lleva 200 millones, entre los cuales Broto destacó que la ayuda a domicilio alcanza los 19,2 millones, casi un 40% más.

DISCAPACIDAD / También detalló la atención a la discapacidad (que cuenta con 78 millones de euros), las plazas concertadas en residencias de mayores (21) o los 57,1 millones para inclusión social, 51,1 de los cuales van para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Otros 40,2 millones se destinan a los Servicios Sociales comunitarios (un 10% más que en las anteriores cuentas), los que se prestan en colaboración con ayuntamientos o comarcas.

Otros apartados incluyen los 6 millones para la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración (con una nueva estrategia contra los bulos de la inmigración); los 2,6 para la de Consumo, con refuerzo de la inspección; los 24, para Igualdad y Familias, con la ampliación de los puntos de encuentro a Jaca o el carnet de familia monoparental; la de Innovación social, con el ya anunciado laboratorio móvil de Gobierno Abierto o el Instituto Aragonés de la Juventud, en cuya parcela, con 6,6 millones, destacó el Plan de Retorno Joven y el arreglo de la Residencia Luis Buñuel de Teruel, que intentarán hacer con cargo al Fite.

Con esto, afirmó van a «blindar» los derechos sociales.