-Ya se han aprobado los presupuestos para el 2018. ¿Qué ha sucedido para que su tramitación haya sido menos turbulenta que el año pasado? Podemos pedía su dimisión y ahora usted ha sido uno de los negociadores.

-Afortunadamente la tramitación ha sido distinta. Ha habido una negociación interesante en la que cada uno hemos partido de nuestra posición, pero la actitud ha sido bien diferente a la del año pasado. En efecto, hace un año Podemos pedía mi dimisión y este año he sido interlocutor directo en la negociación. No tengo contestación a eso. Simplemente creo que la situación política ha cambiado. Hace un año todo era diferente y, además, después de aprobar dos presupuestos es muy difícil no aprobar el tercero. Posiblemente el tono y el talante de los interlocutores de este año tenga muy poco que ver con los de hace un año.

-Podemos insiste en que son los presupuestos del PSOE y CHA, y que ellos solo han dado «colorcico» con sus enmiendas. ¿Cuál es ese «colorcico»?

-No seré yo quien les lleve la contraria si dicen que son nuestros presupuestos. Ellos han presentado sus enmiendas y nosotros redactamos una ley conscientes de que debíamos obtener el apoyo de la izquierda. Somos un gobierno en minoría. Muchas cosas del presupuesto encajan con las políticas de Podemos, CHA o IU. Es muy difícil que uno de estos partidos no compartan el incremento en políticas de gasto social. Sus aportaciones han insistido en matices de cuestiones medioambientales, o sobre la política de personal forestal y bomberos. A lo mejor en algunos de estos temas no hemos tenido plena coincidencia pero ha sido posible llegar al acuerdo.

-Aumenta el gasto social y el apartado de inversión, pero, ¿no lo hace todavía lentamente?

-Aumenta el gasto social, pero consolidando la línea política de ejercicios anteriores. Este año hay un cambio radical porque ya hay un volumen destacado destinado a inversión. Es cierto que parte de esa inversión tiene que ver con el gasto social, mediante políticas de empleo, infraestructuras educativas y hospitalarias, tecnología, el Canfranc… Y hay recursos para allanar el camino a la empresa Guissona en la localidad de Épila.

-Una inversión similar a la del 2015...

-Ahí hay una confusión, porque hay muy pocas cosas que se puedan comparar con el 2015, que fue un desastre desde el punto de vista presupuestario. El Gobierno de Rudi dejó un agujero de 500 millones sin pagar. Gastaba pero no pagaba y mucho gasto se hizo sin dotación presupuestaria. Eso lo hemos tenido que resolver.

-¿Qué espera de la comisión de estudio sobre el impuesto de Sucesiones? La oposición insiste en su afan recaudatorio.

-Se creará algo más que esa comisión. Cumplimos el acuerdo de las Cortes presentando un informe con el impacto del impuesto de Sucesiones.

-¿Y dará la razón a ustedes o a la oposición?

-Será un informe técnico con datos. No sé a quién le va a dar la razón, pero será lo suficientemente descriptivo como para tener un estudio completo. Además, no estamos trabajando solo a nivel autonómico sino que hay que abordar este debate a nivel estatal, entre otras cosas porque es muy dficíl hablar de nuevo sistema de financiación sin hablar de reforma tributaria. Tienen razón los ciudadanos cuando dicen que no puede ser que en unos sitios se pague mucho y en otros nada. El Estado y las comunidades autónomas tenemos que ponernos de acuerdo para que haya unos mínimos.

-Lo que no habrá, entonces, es una rebaja de impuestos.

-Cuando se habla de impuestos se habla de los ingresos necesarios para poder gastar después. Si quitas impuestos, tienes que explicar qué gasto suprimes. Creo que es un concepto que todo el mundo entiende.

-¿Entiende esta estrategia de la oposición?

-Mi opinión, dentro de que todos los matices son legítimos, es que se ha generado mucha confusión. Este impuesto no lo paga el 85% de la población, y se está dando la idea de que todos cobramos herencias todos los días. Hay elementos confusos que no hemos sabido explicar y vamos a ver si somos capaces de hacerlo. De lo que sí soy partidario es de que todas las comunidades autónomas tengan unas obligaciones mínimas y luego haya un margen para subir o bajar, que es en el fondo la esencia de la autonomía financiera de estas. Este es un asunto que hay que abordar urgentemente con el Ministerio de Hacienda y tratar de resolverlo cuanto antes.

-Otro impuesto polémico es el ICA. 30.000 hogares zaragozanos han recurrido el recibo...

-En el conjunto de Aragón este impuesto no presenta ningún tipo de problema y en Zaragoza sí porque alguien se ha encargado de repetir que el recibo se paga dos veces y eso es una confusión que ha generado un problema. Nadie ha pagado dos veces. Espero poder llegar a un acuerdo sobre este impuesto y, sobre todo, con la depuración.

-Usted conoce bien la hacienda del consistorio...

-La conozco demasiado bien.

-Por tanto, comprenderá los motivos de la oposición del ayuntamiento a este impuesto...

-Es que yo defendí esos motivos (en su anterior etapa como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza) y por eso llegué a un acuerdo con el Gobierno por el que en el 2016 en Zaragoza se pagaría el ICA igual que en cualquier otro lugar de Aragón, por una pura cuestión de solidaridad.

-¿Habrá presupuestos el año que viene?

-La ley de Hacienda nos obliga a ello y en mayo empezaré a diseñarlos. A partir de ahí, el Gobierno deberá tomar una decisión y las Cortes verán qué hacen.

-Este año tampoco se va a cumplir con el objetivo de déficit, aunque por poco...

-No vamos a cumplir por poco con el del déficit pero sí con el resto de objetivos de estabilidad. Hemos sido capaces de cumplir con ellos sin abandonar nuestras prioridades, mejorando los servicios públicos, con una política de personal con incrementos salariales que yo creo que superarán incluso las cifras que marcamos en los presupuestos y vamos a convocar 9.400 plazas para convertir laborales e interinos en fijos.

-La deuda sigue disparada. ¿Cómo se va a reducir?

-Aquí no hay ningún invento ni milagro. Para reducir deuda ha de haber más ingresos y menos gastos. La UE está empeñada en que España empiece a devolver deuda. En Aragón va a bajar en términos del PIB, no en términos absolutos, pero en los próximos años se reducirá porque ya no tendremos déficit.

-¿Por qué Aragón está en condiciones de abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)?

-Cuando llegamos al Gobierno nos adherimos al FLA para disminuir los costes financieros y porque la posibilidad de acudir a los mercados financieros era peligrosa. Nos adherimos sin ningún pudor ni vergüenza. El Gobierno anterior no quiso y la broma nos ha salido muy cara. Ahora estamos preparados para ir al mercado en buenas condiciones. Voy a intentar un acuerdo con el Gobierno de España para que una parte de la financiación que nos llega del FLA podamos buscarla ya en el mercado a través de los bonos verdes. Lo vamos a intentar.

-Una fórmula poco conocida todavía en España...

-Alguien te presta dinero para financiar un destino determinado, normalmente con fines sociales o ambientales. La ventaja de esto es que el dinero que tienes lo destinas a proyectos con nombres y apellidos. Con bonos verdes se pueden financiar depuradoras, colegios…. Se ofrecen a financiarte a un tipo bajo de interés siempre que cumplas con los plazos establecidos. Ponen unas condiciones y si fallas, tendrás una penalización. Esto introduce elementos de eficiencia y racionalización para hacer inversiones sostenibles.

-¿Tanto presionan las pistas de esquí que les perdonan el impuesto del cable, que es un tributo verde?

-A mí no me preocupan las presiones de las pistas, entre otras cosas porque el Gobierno de Aragón manda mucho en ellas...

-Sí, pero otros agentes también mandan mucho...

-Hay otra parte, que es la política, que también manda mucho. Hay muchos ayuntamientos que se han opuesto, y la hemos suspendido, pero no la hemos quitado. Somos un Gobierno con 18 diputados y no podemos hacer todo lo que nos gustaría.

-¿Entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza hay un cambio de cromos?

-Es muy fácil ver que no es así.La alcaldesa de Barcelona ha presentado una moción de confianza porque no ha podido aprobar los presupuestos. ¿Qué habría pasado aquí si ZeC no consigue aprobarlos? Pues algo que es obvio y es que Santisteve habría presentado una moción de confianza y habría que buscar un nuevo candidato. ¿El PSOE habría apoyado al candidato del PP? Sinceramente creo que no.

-¿Teme perjuicios para Aragón si no se aprueban los presupuestos del Estado?

-No es una broma pequeña porque podemos tener un problema. Estoy teniendo conversaciones con el Gobierno. O se aprueban los presupuestos o a mitad de año tendremos un problema muy serio, porque hay muchos convenios sectoriales cofinanciados que peligran. La política salarial o la financiación autonómica se pueden resolver sin presupuestos, mediante decreto, pero no ocurre así con esos convenios.

-¿Cree posible el acuerdo para un nuevo modelo de financiación?

-Hasta ahora, Cataluña, Valencia y Baleares, y un poco menos Andalucía, no hacían más que decir que estaban infrafinanciadas frente al resto. Ahora nos hemos plantado. Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla y León hemos sido tajantes al insistir en que la despoblación afecta directamente al coste de los servicios, y eso se verá muy pronto. ¿Cuál es el problema? Cataluña. ¿Quién se va a sentar a defender sus intereses? ¿El señor Montoro? Es difícil pensar que será así. Pero, haya o no más problemas, sería bueno que ya tuviéramos un modelo y luego ya veríamos cómo lo aplicamos.

-Parece una empresa difícil. Y puede crear problemas internos en el PSOE.

-Para que prospere un modelo nadie debe sentirse perjudicado. Eso obliga a que el Estado ponga entre 14.000 y 16.000 millones de euros, y no es una cifra pequeña. No va a plantear ningún problema interno porque la Ejecutiva Federal entiende que primero tiene que haber un acuerdo entre el Estado y las comunidades y luego debatirse en el Congreso. El presidente de Aragón defiende los intereses de su comunidad por encima de los de su partido.