Varios altos cargos de la administración autonómica en la época en la que se aprobó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), en 2001, han coincidido en señalar que sin la incorporación solidaria de Zaragoza al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas, cumplir los objetivos marcados en este ámbito por la UE no sería viable.

Nueve altos cargos de la consejería de Medio Ambiente, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro a finales de los 90 y principios de la década de los 2000 han inaugurado las sesiones con comparecencias en la comisión de investigación que intentar determinar si hubo responsabilidades políticas en los fracasados planes de depuración de aguas en la comunidad.

Entre ellos, el jefe de explotación y canon del IAA, Fernando López, quien ha hablado de la génesis de este impuesto, establecido por primera vez en la ley de Aguas y Ríos de Aragón de noviembre de 2014, para sustituir al canon de saneamiento (que se pagaba en Aragón desde 2002, aunque no en Zaragoza).

Para López, Zaragoza debe de ser solidaria porque de la depuración de las aguas se beneficia "todo Aragón" y no solo la localidad que tiene la depuradora, sino sobre todo las que están ubicadas aguas abajo.

Ha explicado que la conversión del canon -que era liquidado directamente al IAA por los ayuntamientos que lo cobraban o por los particulares que vertían directamente a los ríos- en el ICA fue una "barbaridad" para los trabajadores del IAA, porque implicaba establecer "desde cero" y hacer un "ingente trabajo" para el cobro.

De unas 300 autoliquidaciones anuales (las que proporcionaban los municipios), el instituto tuvo que empezar a gestionar 1,5 millones de recibos, y solo con una plantilla de ocho personas, por lo que fue imprescindible, según López, contar con el apoyo de una empresa "con experiencia" y solicitar antes los datos de abonados a los Ayuntamientos para girarles directamente el recibo del ICA.

Según la ley de 2014 que lo creó, el ICA afecta su recaudación a actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración.

Zaragoza, al margen del PASD de 2001 que adoptó, incluso mejorados, los objetivos de depuración marcados por la directiva europea, concluyó la construcción de su depuradora en mayo de 1993, y por eso los habitantes de la capital aragonesa quedaron exentos en un primer momento del pago de este impuesto.

Se entendió que se debía de compensar el esfuerzo inversor realizado por la ciudad y una vez que lo fue, las Cortes de Aragón aprobaron una ley para que los zaragozanos se incorporaran en 2016 al pago del ICA, que está siendo frontalmente contestada por el Consistorio y por asociaciones de vecinos, consumidores y ecologistas.

López ha explicado que antes se intentó un acuerdo con el Ayuntamiento para cumplir el mandato de integración, que incluía una dotación para la ciudad de 45 millones de euros en 17 años para obras del ciclo del agua, pero el pleno de la ciudad "nunca lo aprobó".

También sobre el canon y el ICA, el consejero de Medio Ambiente entre agosto de 1999 y diciembre de 2002, Víctor Longás, ha insistido en que era necesario que Zaragoza se incorporara al pago de la depuración "a la mayor brevedad", porque sin la ciudad, el coste era "excesivamente alto" para el resto de Aragón.

Y el primer director del IAA, Francisco Javier Sánchez, también ha coincidido en que siempre se pensó que era "bueno" que Zaragoza entrara a pagar el canon, porque la alternativa era subir su cuantía al resto de los municipios.