La Audiencia de Zaragoza reanudó ayer el juicio que se sigue contra el abogado José Angel Roy por la presuntas irregularidades en la gestión de la herencia de José Pablo García, Pepito el Soguero , vecino de Calatayud que legó sus vienes el ayuntamiento de la localidad. En la tercera sesión sólo declararon tres personas.
Dos de los testigos, un arquitecto técnico y un procurador, explicaron al tribunal que ambos habían percibido sus emolumentos por el proyecto de instalar una granja de pollos en Kazajistán y por deudas del fallecido, respectivamente.
La defensa pretende demostrar con estos testimonios que la justificación de gastos realizados en los últimos meses que vivió el empresario se ajustan a facturas y deudas reales, tal como afirma el acusado, para quien el fiscal pide diez años de prisión.
En la sesión también declaró una médico que diagnosticó demencia senil a García, pero que no pudo determinar el grado de incapacidad que le producía esta afección.
