El caso La Muela es un asunto enorme: de 80.000 folios. Y con solera: el martes 18 de marzo se cumple el quinto aniversario de la mayor redada desatada nunca en Aragón --18 detenciones, más una frustrada porque el sospechoso estaba en Turquía con una comitiva de la DGA-- por un asunto de corrupción, en una investigación que el Grupo de Blanqueo había iniciado casi quince meses antes y que el juez de La Almunia asumió en abril del 2008.
Cuantitativamente, las pesquisas de la operación Molinos son solo equiparables en Aragón a las de los casos Plaza. Y sus efectos sobre los nervios de una parte de la clase política son similares, aunque los afectados son distintos en uno y otro asunto.
Las investigaciones desarrolladas por los especialistas en Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía --la Brigada Central en Plaza y el recién creado Grupo en la Jefatura Superior de Policía en La Muela-- han acreditado en ambos casos graves afecciones a las arcas públicas. La operación Molinos, de hecho, ha puesto sobre la mesa un boquete tributario que rivaliza con el que el fisco imputa al extesorero del PP Luis Bárcenas, elevado por méritos propios a la oprobiosa categoría de icono de la corrupción.
Fraude
Un informe de la Agencia Tributaria remitido a finales de enero al juez Pablo Ruz, que desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga la trama Gürtel y las correrías económicas de Bárcenas, concluye que entre este último y su esposa defraudaron al fisco 11,5 millones entre el 2001 y el 2011: 8,39 en el IRPF y 3,11 en el Impuesto de Patrimonio. Son las consecuencias de manejar en Suiza cuentas que acumularon hasta 48 millones.
A Bárcenas le salió la declaración de la renta a devolver en varios de esos años. Les ocurría también a varios de los imputados por fraude fiscal en el caso La Muela, como Carmelo Aured.
Los escritos de conclusiones provisionales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado le atribuyen al exalcalde muelano y empresario --cumple condena en Zuera por dos delitos tributarios cometidos al escamotear al fisco 734.666 euros-- un boquete fiscal de 3.663.768 euros en el IRPF y otro de 1.068.071 a través de Activos Productivos Mirasol.
Esas cifras suponen más de la mitad de los 8.522.795 euros en los que la Agencia Tributaria cifra el fraude fiscal vinculado a la operación Molinos, generado a base de pelotazos y con el trasiego de dinero negro. Y es una estimación, ya que varias infracciones están prescritas y el proceso penal ha conllevado la suspensión de algunas inspecciones.
La Fiscalía, que reclama para los 43 acusados penas que suman 252 años de prisión, multas que rondan los cien millones de euros --además de elevadas indemnizaciones para el ayuntamiento muelano y Hacienda--, atribuye a Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo municipal en La Muela durante la burbuja, la ocultación de 820.772 euros. Julio y David, los hijos de su presidente Julián de Miguel, añaden a esa cifra 487.752 y 485.876 euros.
Las acusaciones públicas imputan a los empresarios Vicente Rodrigo y Julio Herrero un fraude de 1.275.489 euros presuntamente cometido a través de su sociedad Construcciones Nuevos Hogares. La exalcaldesa Mariví Pinilla y su exesposo Juan Antonio Embarba, están acusados de escamotear 544.848 euros, aunque su compra con dinero B de unas viviendas y garajes generó otro agujero de 176.219 en Inmuebles El Raso.
El fraude detectado por Hacienda en La Muela en los años de la burbuja inmobiliaria no se reduce a esos 8,5 millones: otro imputado, Ignacio Unsain, aceptó hace dos semanas un año de cárcel por escamotear 1.226.000 euros al fisco; otros dos, Rodrigo y Herrero, están pendientes de sentencia por el presunto impago de 433.000, y tres más --Aured, Miguel Ángel Horta y Jose Antonio Puyadas-- están condenados por dos infracciones de 734.000.
