No hubo fumata blanca ayer en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) donde se reunieron a primera hora de la mañana la empresa que gestiona las zonas verdes de Zaragoza, FCC, y los representantes de los trabajadores. Tampoco hubo avances en la hora escasa que estuvieron reunidos y las posturas están muy alejadas para alcanzar un acuerdo que evite la huelga indefinida que los jardineros han convocado para el día 20.
La multinacional no quiere negociar con unos paros a la vuelta de la esquina porque considera que tienen «fines políticos y no laborales». Ante el fiasco de ayer, el SAMA ha vuelto a citarlos el próximo lunes pero antes, este viernes, la plantilla se reunirá con la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca.
Desde el comité de empresa insisten en que si no hay nuevo convenio colectivo antes del día 20 irán a la huelga y lo harán con el propósito de recuperar el poder adquisitivo perdido, así como conseguir más avances sociales que favorezcan la igualdad, la conciliación, la seguridad y la salud de los jardineros. También lo hacen, dicen, de forma preventiva ante la posible división en lotes la futura licitación del servicio por parte del Gobierno PP-Cs.
La empresa, por su parte, avisa de que «no va a permitir que se le coaccione, ni va a claudicar ante las presiones que reciba, vengan de donde vengan». Según informó, ayer le trasladó al comité un calendario de negociación para convertir el pacto convenio en un convenio colectivo que recoja la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Según FCC, esta fórmula les permitiría mantener los derechos adquiridos en futuras contratas y con vistas a una nueva licitación. Por otro lado, la concesionaria estaría dispuesta a incluir a colectivos en riesgo de exclusión y a negociar un plan de igualdad. Es la misma oferta que les presentó en diciembre del 2019.
No obstante, desde FCC insistieron en que «no tienen obligación alguna de negociar ningún convenio» porque están prestando el servicio en reconocimiento de obligación, una fórmula utilizada por las administraciones públicas cuando se caduca un contrato y que a las arcas públicas les está costando un extra de 300.000 euros al mes desde el 1 de enero del 2018. La concejala Chueca ya ha manifestado su intención de renegociar con la multinacional.
MOTIVOS
Los jardineros anunciaron una huelga indefinida después de que el Gobierno de Zaragoza declarase desierto el concurso para convocar otro con unos pliegos de condiciones nuevos y hechos a su medida, sin el sello del anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Una decisión que adoptaron tras conocer el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que declaró nula la adjudicación a Acciona, tras el recurso presentado por Perica en el que alegaba que incumplía parte de los pliegos de condiciones, como también hacían, según la misma empresa, el resto de empresas que se presentaron al concurso y que fueron seleccionadas.
Exigía la anulación de la adjudicación y la nulidad del proceso, así como que se excluyera al resto de licitadoras, de manera que pasaría a ser automáticamente la adjudicataria. FCC y Valoriza hicieron lo mismo aunque no obtuvieron el respaldo del Tacpa que falló a favor de Perica, de manera que se convertía automáticamente en la empresa ganadora del concurso. El Gobierno de la ciudad optó por declarar desierto el concurso porque Perica fue la peor valorado. Acciona, por su parte, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
En este escenario, los jardineros decidieron convocar la huelga con la intención de «defender firmemente» el mantenimiento de las cláusulas sociales que incluyó ZeC en los pliegos de condiciones que PP-Cs decidieron desechar para redactar otros diferentes.
