La concejala delegada de la Policía Local de Zaragoza, Elena Giner, recibió ayer un espaldarazo desde los tribunales a su controvertido objetivo de transformar la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) en la de Refuerzo Flexible (URF) a partir del 1 de enero del 2019. La decisión de la jueza Concepción Gimeno, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, de desestimar la suspensión cautelar solicitada por el sindicato STAZ, que ya intentó en octubre paralizarlo de forma urgente, con el mismo resultado.

La edila de Zaragoza en Común (ZeC) ha exhibido la resolución en la Comisión de Participación Ciudadana del consistorio, en respuesta a una oposición que sigue siendo muy crítica con su decisión. Para resaltar algunos de los argumentos que expone la magistrada, a modo de aval a su legitimidad para adoptar esta medida con la UAPO, que hace suyos. Sobre todo el que apunta que de esta actuación administrativa «subyace un intenso interés público» y que no aprecia arbitrariedad en la misma.

"A través de la misma, el Ayuntamiento de Zaragoza viene a hacer efectiva su potestad para organizar sus recursos humano de la manera que entienda más oportuna, siempre que dicha actuación se produzca al margen de cualquier tipo de arbitrariedad. No detectándose hasta el momento dicha arbitariedad en los particulares que han podido ser examinados", expone.

En la resolución, además, zanja la discusión por el cambio de uniforme. A lo que responde que "no se observa, ni se acredita de manera indiciaria ni se explica al menos verbalmente" en qué consistiría "ese evidente riesgo" para los agentes denunciado, y que si en algún momento se detectara, podrían pedir nuevas cautelares.

En la comisión, no obstante, sí recibió críticas del PSOE al nuevo calendario, ya que aseguró que "supondrá de manera inmediata una disminución de efectivos en las calles, especialmente en los fines de semana", que caerá a un 25%, y del 38% al 33% en el resto de días. Por contra, CCOO mostró su apoyo a ese calendario