Los sindicatos aragoneses vuelven a salir a la calle. CCOO y UGT han convocado protestas de aforo limitado el próximo jueves en las tres capitales de la comunidad para reclamar que la salida de la crisis económica provocada por el coronavirus no se haga precareizando el empleo y devaluando los salarios, como creen que ya ocurrió tras la gran recesión del 2008. Para evitarlo, exigen al Gobierno y a los empresarios que se sienten a negociar para avanzar en las reformas de las pensiones y del mercado de trabajo, así como incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).
Las protestas, que se llevarán a cabo en toda España bajo el lema #AhoraSíToca, se harán respetando las correspondientes medidas de seguridad ante el covid-19 y serán las primeras que estos dos sindicatos celebren con carácter general durante la pandemia. En la comunidad hay convocadas concentraciones a las puertas de la Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno en Zaragoza, Huesca y Teruel, con una participación limitada a 150 personas en la capital aragonesa y a 30 en las otras dos ciudades. También se lanzarán acciones reivindicativas por las redes sociales.
Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, donde apelaron al Gobierno a recuperar la «agenda social» que había antes del inicio de la pandemia para abordar los problemas estructurales de «desigualdad y precariedad» que arrastra el país, que a su juicio se agravaron con las medidas de austeridad adoptadas tras la crisis del 2008.
Sobre el SMI, ambos sindicatos exigieron que suba en el 2021 para aproximarlo paulatinamente al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea -unos 1.200 euros- al final de la legislatura, es decir, en 2024. En este sentido, recordaron que las incrementos de los dos últimos años no han compensado todavía la pérdida de valor adquisitivo de la década precedente, cuando estuvo «prácticamente congelado». «No entendemos las razones del Gobierno para no subirlo», dijo Pina, mientras que Alastuey consideró «de justicia» hacerlo en favor de algunos colectivos profesionales que han sido esenciales en la crisis sanitaria, como las limpiadoras de los hospitales o los trabajadores agrícolas.
Modernizar las relaciones laborales
También urgieron una «contrarreforma» laboral para acabar prioritariamente con los cuatro aspectos más lesivos de la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012 y «reequilibrar» la negociación colectiva. Esto pasa, según UGT y COOO, por eliminar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, recuperar la ultractividad, regular los «abusos» de la subcontratación y poner coto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de convenio.
En cuanto a las pensiones, reclamaron la derogación del la «reforma impuesta» del 2013 y del factor de sostenibilidad que recogía, aunque en la práctica no se esté aplicando, y apostaron por seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Pina recalcó que, desde el prisma sindical, la «prioridad absoluta» hasta ahora en la pandemia ha sido dialogar y acordar medidas para proteger los empleos, las personas y las empresas, lo que consideró que ha dado sus frutos. Gracias a herramientas como los ertes, destacó, «por primera vez» en una crisis en España «el PIB ha caído más que el empleo». Ante el «horizonte de cierta normalidad» que se prevé que llegue con las vacunas y la inmunidad del grupo, reclamó la necesidad de reactivar las mesas de dialogo social que se había en marcha antes del coronavirus para atajar los problemas preexistentes.
«Sería un gran error que la salida de la crisis se hiciera con las reglas de antes de empezar la pandemia. Si volvemos a la precariedad y desigualdad nos estaremos equivocando», enfatizó el líder de Comisiones Obreras, que apeló al acuerdo y a la negociación a la patronal para «salir de otra manera» con una «modernización» del marco de relaciones laboral. Sin en ello, precisó, no será posible «aprovechar la oportunidad de los fondos europeos para modernizar el tejido productivo».
"Para los pies a quien quiere incumplir"
Por su parte, Alastuey recordó que antes del coronavirus no se había recuperado el nivel ni la «calidad» del empleo del 2008 y seguía coleando la «devaluación de los salarios impulsada» por el Gobierno del PP para salir de esa crisis. «Ahora toca hablar de la agenda aparcada por la pandemia», recalcó, con reformas contra la «enorme precariedad» del mercado laboral y para «asegurar la sostenibilidad» del sistema de pensiones. Estos compromisos, según el líder de UGT, están recogidos en los programas electorales de PSOE y Podemos, así como en el acuerdo de los dos socios del Gobierno.
«Se han escuchado demasiadas voces para que el Gobierno incumpla sus compromisos previos. La CEOE pretende aprovecharse de la negociación con Europa para que no se haga lo prometido», afirmó. Por ello, Alastuey consideró necesario «dignificar» el mercado de trabajo y los salarios, así como «perseguir el fraude» que se da en la contratación mediante la utilización de temporales para labores indefinidas.
«Tenemos la clara sospecha de que hay estamentos muy fuertes, económicos y patronales, que pretenden aprovechar la crisis covid para que no cambie nada», denunció. Y recordó que el marco laboral vigente es «el que nos dejó Rajoy, del que hoy habla Bárcenas en el juzgado».
La finalidad de las movilizaciones es por tanto, señaló, «parar los pies a los que dentro y fuera del Gobierno pretenden que se incumplan los compromisos». Si lo llamamientos al diálogo no surten efecto y «el Gobierno no se resiste a los vetos», Alastuey auguró que las protestas irán en aumento. «Tenemos la oportunidad de hacer el cambio de modelo productivo del que tanto hemos hablado, para que sea más verde, digitalizada y resiliente, con un mercado laboral moderno y de empleos cualificados y bien retribuidos, en lugar de una economía de construcción y hostelería, con salarios precarios y bajos», concluyó.
