Las condiciones de trabajo de las cuadrillas de extinción de incendios fueron uno de los caballos de batalla de Podemos en la oposición, y una de sus exigencias en la negociación para conformar el cuatripartito. Aunque no logró del todo su propósito, la formación morada sí logró ocupar la dirección general de gestión forestal, con Diego Bayona. Pero una vez en el Gobierno, el viento ha virado y se ha encontrado en medio de un incendio sindical que afirma no entender. Le acusan de querer privilegiar a la plantilla de la empresa pública Sarga a costa de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN). Bayona no solo lo niega, sino que afirma que «no tendría sentido».

Los tres sindicatos con representación mayoritaria en el Gobierno de Aragón, UGT, CCOO y CSIF, se han aliado y han lanzado varios comunicados conjuntos alertando de un plan que ven claro, aunque esté en sus primeros compases. Una estrategia que tendería a dejar en manos de Sarga labores propias de los APN, como la dirección inicial del operativo de los incendios, que incluso ven como un primer paso hacia una futura externalización del servicio.

El primer paso de este plan sería la adjudicación de un estudio sobre el operativo aragonés de incendios forestales a la Fundación Pau Costa, especializada en estos análisis. Señalan que se trata de una adjudicación «a dedo», justo por debajo del importe (15.000 euros) que hubiese obligado a sacarla a concurso. Y la ven además innecesaria, ya que hay técnicos en la DGA sobradamente capacitados para este análisis, que por lo demás ya está hecho: faltan unos 4 millones de euros para que las brigadas de Sarga puedan trabajar todo el año y otros 2 millones para renovar el equipamiento de los APN.

Bayona admitía que la cantidad de adjudicación puede parecer sospechosa ("puede llamar la atención"), pero que se trataba de agilizar un trámite que, en realidad, querrían haber tenido hecho ya en abril, de no ser por la pandemia. Pero negaba que fuese a dedo, puesto que fue publicado en el perfil del contratante y la fundación fue la única que se presentó. No negó que será la adjudicataria, pero destacó su «prestigio» y las ideas que aportará, que en cualquier caso serán visadas por los técnicos de la DGA.

En cualquier caso, incidía este viernes en que el precio es el necesario para el servicio que se presta, no pensado para eludir el concurso. Es decir, que si se hubiese hecho en abril, se hubiese utilizado el mismo procedimiento.

Mejoras en Sarga

El director general no esconde que la intención del departamento es mejorar las condiciones de las cuadrillas de Sarga, sobre todo en cuestiones de «turnicidad», para que se puedan lograr mejores horarios y aumentar su periodo de contratación. «El modelo sería el de las brigadas helitransportadas», contratadas todo el año, de forma que en verano se puedan dedicar a la extinción, la formación y las prácticas, y en invierno a las tareas silvícolas y de limpieza, en lugar de acometerlas ahora a 40 grados.

Pero niega que esto vaya a hacerse a costa de los APN, ni a nivel presupuestario (que tampoco sería su competencia) ni en competencias. La dirección seguiría estando en manos de funcionarios, con los que se quiere avanzar en formación, «como de hecho ya se está haciendo».

Los sindicatos temen que sí que vaya a ser así, y se tienda a un modelo catalán, basado en bomberos urbanos, más propio de zonas urbanizadas. Algo que sustentan en la procedencia de la fundación a la que se le adjudica el estudio. Pero Bayona afirma que esta tiene experiencia en muchos territorios y «conoce perfectamente Aragón».

Los sindicatos coinciden en dejar claro que no se oponen a una mejora en las condiciones de trabajo de Sarga (no en vano, también tienen la representación mayoritaria allí), pero no a costa de las condiciones de trabajo de los funcionarios. Entienden que estos garantizan además un criterio más imparcial en manejo de medios y efectivos que una empresa, por muy pública que esta sea.

El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez pidió esta semana la comparecencia del director general de Gestión Forestal para que explique en las Cortes su idea de cambio de modelo.

Un sistema barato y eficaz

Los sindicatos comparten la necesidad de implementar mejoras en el operativo contra los incendios forestales. Pero entienden que el funcionamiento y coste del operativo aragonés no justifica la revolución que Podemos quiere establecer. Así, señalan que Aragón es el que menos presupuesto invierte por hectárea forestal (11 euros al año), y de las que menos coste requiere por intervención (72.300 euros, cuando en Andalucía o la Comunidad Valenciana salen por 200.000). Y sin embargo, es de los más eficaces, tomando como referencia el nivel de fuegos que se quedan en conato (de menos de una hectárea). En Aragón son un 76,5%, mayor que el de Andalucía (70%), Castilla La Mancha o Galicia (72%), solo superado por Valencia, que alcanza un 78%.