Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han convocado para mañana en todas las capitales de provincia las movilizaciones con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, en las que protestarán por el aumento de la precariedad en el empleo o la pérdida de derechos laborales.

Las concentraciones, que se celebrarán mañana a las 11.00 horas frente a la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza y a las 12.00 horas en las subdelegaciones del Gobierno en Huesca y Teruel, solían ser actos en solidaridad por las malas condiciones de los trabajadores de otros países a causa de la globalización.

Sin embargo, con la crisis económica, han terminado por incluir reivindicaciones en lo relativo al estado del trabajo en España.

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha señalado que el país sufre ya el sexto año de una crisis que está causando consecuencias "terribles" para millones de personas que ven cómo se les va "cronificando" su situación y ha denunciado que el empleo que se empieza a crear es precario.

Es más, ha indicado que del 75 por ciento de contratos a tiempo completo que había antes de la crisis se ha pasado a un 65 por ciento ahora, aun tras haber perdido tres millones de empleos, y que casi la totalidad del millón y medio de empleos indefinidos destruidos han afectado a los menores de 35 años, que han visto cómo se han deteriorado sus expectativas laborales.

Ha recordado también los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que aunque apuntaba una cierta creación de empleo, recogía una disminución en el número de horas trabajadas, datos que unidos al más del 50 por ciento de paro juvenil o al número de familias con todos sus miembros en desempleo o sin ningún tipo de ingresos, "va en contra de la propia recuperación económica".

Asimismo, el dirigente sindical ha denunciado que incluso el contar con un trabajo no garantiza para muchas personas salir de la pobreza y el descenso paulatino de la prestación media al desempleo, que afecta a 40.000 familias aragonesas con todos sus miembros en paro y más de 12.000 que, además, no reciben ninguna prestación.

Del mismo modo, ha rechazado los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) por ir en contra de lo que considera que es necesario para salir de la crisis y recobrar la justicia social y ha asegurado que "no es de recibo" que se disminuyan las prestaciones sociales, que las pensiones suban solo un 0,25 por ciento, la nueva congelación de los sueldos de los funcionarios o el gasto insuficiente en investigación.

Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Julián Buey, ha reiterado que el problema del país no es la pobreza, sino que hay "muchísima" riqueza, pero que está injustamente distribuida.

Para ello, ha defendido que la mejor fórmula para propiciar una mejor distribución de la riqueza es el empleo "de calidad y con derechos", por lo que ha denunciado que en los últimos meses más del 95 por ciento de los contratos sean a tiempo parcial o que en Aragón se firmen más contratos que el número total de trabajadores por cuenta ajena, lo que denota que existe una "tremenda rotación" de gente que pasa "del desempleo a la precariedad".

Así, Buey ha expresado la necesidad de decirle a Gobierno y empresarios que no solo se trata de un problema humano, sino también de una necesidad económica de mejorar las condiciones del trabajo por la falta de demanda interna.

En este sentido, ha afirmado que la reforma laboral aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy va en dirección contraria a estas necesidades.

Por último, ha criticado la "criminalización" que, a su juicio, se está ejerciendo sobre el derecho a la huelga con cientos de sindicalistas procesados en todo el país, algunos de ellos incluso con peticiones de penas de prisión.

Además de las movilizaciones, los representantes sindicales han informado de que continuarán los contactos con la patronal en materia de negociación colectiva, para la que abogan por subidas salariales.

Y también con el Gobierno, al que reclaman mayor protección para los entre 400.000 y 500.000 desempleados que no reciben ningún tipo de prestación, más políticas activas y un nuevo modelo productivo "más industrial, más sostenible y más innovador".