Los sindicatos se han cansado de esperar el 25% de la paga extra del 2012 que el Gobierno de Aragón se había comprometido a abonar a lo largo del 2016 y acudirán a los tribunales esta semana. «Estamos ante un claro caso de incumplimiento de acuerdos», reconoció ayer el responsable autonómico de CSIF Aragón, Pablo Ricardo Asín.
La demanda conjunta con el sindicato UGT -las dos agrupaciones con mayoría en la mesa de negociación—pretende resolver por la vía judicial un derecho suprimido de forma irregular. «50.000 familias aragonesas no son responsables de la mala gestión de unos políticos que no tuvieron ningún reparo a la hora de quitarles la paga extra, pero que sí parecen tenerlo para devolverla», indicó.
Además, los sindicatos también recuerdan que la DGA tiene pendiente la convocatoria de una Mesa General de Negociación para explicar los retrasos en la medida de lo posible.
La devolución de la paga del 2012 se ha fraccionado de forma exasperante, en opinión de los sindicatos. Un 25% de la misma se abonó durante el Gobierno PP-PAR con Luisa Fernanda Rudi al frente y justo antes de las elecciones. El actual consejero de Hacienda socialista, Fernando Gimeno, se comprometió a ingresar en las cuentas de los funcionarios otro 25% (más de 20 millones en total) durante el pasado año dividido en tres pagos. El primero de ellos se hizo efectivo en el mes de mayo, aunque estaba previsto para marzo. Los dos restantes, que deberían haber pagado en junio y septiembre, no se han producido, y son los que motivan la demanda.
El Gobierno de Aragón alega que las dificultades para cumplir con sus compromisos tiene su origen en la necesidad de acatar las diversas restricciones impuestas para obtener el Fondo de Liquidez Autonómica, algo que no les permite disponer de la tesorería con completa libertad para asegurar el cumplimiento del déficit.
Los sindicatos también observan con preocupación que en el borrador de presupuestos difundido para este 2017 no se contemple el pago del 50% restante. Gimeno ha expresado en alguna ocasión que el abono se producirá «con suerte». «Es inaceptable que un dirigente con responsabilidades hable así de los empleados públicos», aseguró Asín. Los sindicatos lamentan que algunos de los trabajadores que deberían recibir estos pagos ya están jubilados.
