Los sindicatos de Sanidad de Aragón decidieron ayer no acudir a la primera mesa sectorial presidida por el nuevo gerente del Salud, Ángel Sanz, en protesta por la inclusión, como último punto del orden del día y a última hora, del decreto de implantación del área sanitaria única, cuya creación rechazan.

Cemsatse, UGT, CCOO y CSIF se mostraron en contra de la unificación, que reducirá a tres los ocho sectores sanitarios de Aragón y unificará servicios entre el Servet y el Clínico, porque "empeorará la calidad asistencial y podría ser el inicio del desmantelamiento de la sanidad pública", indicaron.

Para Cemsatse, dicha medida perjudicará la atención al paciente y también afectará a los trabajadores de la sanidad aragonesa. "Lo que se tiene que garantizar al ciudadano es una cobertura universal y gratuita, que no creemos que se vaya a conseguir con el área única, que también pueda afectar a las listas de espera", agregó el sindicato.

Por su parte, CCOO informó de que había registrado un escrito dirigido al gerente del Salud para solicitar la retirada del orden del día de dicho punto, con el que, a su juicio, el gobierno pretendía "pasar el trámite de información a la representación de los trabajadores previa a la imposición de un modelo de área única, que fue el inicio del fracaso de la privatización madrileña".

Desde el sindicato, se señaló que "el área única traería consigo el cierre de centros, la pérdida de puestos de trabajo, dificultades en la accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario y la consiguiente pérdida de calidad del mismo".

Mientras, el sector sanitario de la Federación de Servicios Públicos (FSP UGT Aragón) también rechazó sentarse en la mesa por "no ser el ámbito adecuado para abordarlo" y añadió que "las áreas pueden significar el desmantelamiento de la sanidad pública, además de no favorecer, ni a los ciudadanos ni a los trabajadores, tal y como lo expresó el sindicato en el Consejo de Salud en diciembre de 2013".

CSIF también mostró su "absoluto" desacuerdo con las áreas de salud que pretende "imponer" la consejería y advirtió de que "cualquier paciente que precise una segunda opinión médica, hasta ahora puede hacerlo, si lo considera oportuno, sin verse obligado a salir de su provincia de residencia para obtenerla, pero, con el nuevo sistema, ese mismo paciente tendrá necesariamente que recurrir a otra provincia". Asimismo, expuso que los trabajadores también se verían perjudicados, ya que "la administración sanitaria podrá mover a su antojo las plantillas dentro de una misma provincia sin tener en cuenta pequeños detalles como que un trabajador esté pagando una hipoteca en una ciudad y se vea movido a otra porque un jefe así lo decida".