Los sindicatos de la Administración de Justicia están dispuestos a que el episodio del policía nacional atrincherado el pasado lunes en el segundo piso de los Juzgados de La Almunia marque un antes y un después en la seguridad de los edificios judiciales de la comunidad aragonesa.

Todos ellos se han apresurado a pedir a la Dirección General de Justicia e Interior que dote a los juzgados de las tres provincias de los medios necesarios para evitar o neutralizar ataques que pongan en peligro la vida de los funcionarios, los usuarios y todos los colectivos profesionales que giran en torno a estas instalaciones.

En particular, solicitan que se incorporen arcos de seguridad en los accesos. Si bien estos elementos de seguridad ya están puestos en las capitales de provincia, son más raros en las cabeceras del resto de partidos judiciales. La Almunia, en concreto, carecía de este sistema que, hoy en día, se considera imprescindible para el control de los accesos a las sedes judiciales.

«Los arcos detectores de metales se vienen solicitando desde que Aragón asumió las competencias de Justicia en el 2008», señala Irene de la Riva, del CSIF. «La Administración aragonesa dice que va a implantarlos, pero esto no se nos ha comunicado oficialmente a los sindicatos», añade De la Riva, que critica la «tardanza» con que, al parecer, reaccionó la responsable de la Dirección General de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, ante el suceso de La Almunia de Doña Godina. «Si hay unas inundaciones, enseguida se toman medidas y van las autoridades, pero en nuestro caso no es así», protesta.

Sistemas de alarma / La compra de estos aparatos es urgente, comenta la sindicalista, especialmente en los partidos judiciales con dos juzgados, que son los que registran mayor actividad, aunque subraya que la medida debe aplicarse en todos sin excepción.

José Ignacio Franco, de Comisiones Obreras, considera igualmente que los arcos detectores son «imprescindibles». Pero precisa que estas máquinas deben ir acompañadas de un protocolo de seguridad que contemple planes de evacuación y sistemas para que quienes trabajan en los juzgados puedan avisarse en caso de peligro.

«Se trata, ante todo, de evitar que se repita lo de La Almunia, por lo que se tiene que hacer hincapié en la vigilancia en los accesos», manifiesta Franco. En su opinión, «está demostrado» que la Guardia Civil es «mucho más eficaz y fiable que la seguridad privada», por lo que pide que se generalice su presencia en las puertas de las sedes de los juzgados.

Ahora bien, el representante de CCOO apunta que los vigilantes deben estar provistos de los medios adecuados. «Se rumorea que los agentes de la Benemérita tienen que adquirir con su dinero los detectores manuales que se emplean en algunos sitios y eso no es admisible», recalca. Franco piensa que se daría un gran paso adelante si se dotara a los juzgados de alarmas, pulsadores y sistemas de megafonía, de forma que se pueda «avisar de inmediato» cuando se registra una situación de peligro en cualquier parte del edificio.

Asimismo, cree que se tiene que avanzar en la elaboración de planes de seguridad que establezcan la forma de actuar en función de las circunstancias. En este sentido, coincide plenamente con Irene de la Riva en que lo fundamental es «prevenir». Por eso apoya que en los planes de emergencia se instruya a los colectivos de la Justicia acerca de los pasos que se deben seguir en el caso de enfrentarse a una situación de riesgo.