Los ánimos siguen revueltos. Los representantes de los trabajadores públicos del servicio de carreteras autonómicos de CCOO y UGT se colaron ayer de nuevo en la sede del Gobierno de Aragón para exigir garantías de empleo público, de actividad y de inversión en maquinaria en el mantenimiento de la red viaria autonómica.
Este jueves tenía lugar la apertura de plicas de la segunda tanda de adjudicaciones para el plan que deberá actuar de forma extraordinaria en la mejora del firme de las carreteras que gestiona el departamento de Vertebración del Territorio y que los sindicalistas consideran una «privatización» encubierta.
Desde la consejería encabezada por José Luis Soro destacan que los contratos de conservación existen desde hace 12 años y que su intención es actuar en un 30% del total, con una inversión inicial de 300 millones de euros. Esto se debe a que existe un «déficit» de actuaciones desde las pasadas legislaturas. En concreto, se esperan obras en diez itinerarios de la red de carreteras autonómicas
Los sindicatos consideran que el hecho de que las empresas adjudicatarias del plan extraordinario diseñado por Soro se encarguen también del mantenimiento irá «en detrimento» del trabajo de las brigadas. Por ello, los dos sindicatos han empezado a recoger firmas para «exigir una garantía de empleo» y pretenden seguir con las acciones de protesta en las próximas semanas.
ENCIERRO PREVIO
Los manifestantes comenzaron su movilización en uno de los patios interiores, pero pronto se han trasladado con megáfonos, máscaras, pancartas y consignas a la sala en la que se iba a realizar la apertura de plicas. Además, lamentaron que los responsables del departamento de Vertebración no hayan tenido contacto con ellos y que la última reunión formal para analizar la situación fue la del pasado miércoles. Unos días antes estuvieron encerrados en el interior del departamento durante toda la jornada laboral.
El secretario del sector autonómico de la federación empleados de servicios públicos (FeSP) de UGT, Antonio Herrero, manifestó que tienen «claro» que «las concesiones supondrán un detrimento del trabajo de las brigadas públicas». Y afirmó que la situación «no ha variado» desde que comenzaron con las quejas. «Seguiremos defendiendo lo público, la situación no puede continuar», afirmó.
Las entidades convocantes consideran que se está produciendo «un gran fraude social» al señalar que la plantilla se ha reducido un 25% y que 15 vehículos están inmovilizados porque no pasan las inspecciones de seguridad a causa de su envejecimiento. «Los trabajadores están molestos porque está en riesgo su futuro», alertan. El Gobierno de Aragón ha destacado que ya ha comenzado los trámites para mejorar el parque móvil.
