El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel dictó ayer el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, y dos técnicos municipales por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el barrio de Pomecia. Esta zona urbana acoge un asentamiento gitano y, según la denunciante, que posee terrenos en la misma, ha ido creciendo de forma irregular e invadiendo sus solares ante la presunta pasividad de distintos consistorios, entre ellos el presidido por la popular Emma Buj.
Varios alcaldes y funcionarios municipales han sido imputados en las distintas causas abiertas por este asunto y que no están resueltas en su totalidad.
En el presente caso, el juez instructor considera, tras tomar declaración a los testigos, que no existía un plan o que hubiera intención de actuar retrasando la tramitación y resolución de los múltiples expedientes urbanísticos que afectan al barrio.
Según el auto judicial, «no se ha justificado debidamente la perpetración de delito ni hay indicios de criminalidad que permitan pensar que existe una voluntad por parte del consistorio turolense ni en retrasar la tramitación de los expedientes del barrio ni en castigar con carácter revanchista a María G. M.», la propietaria.
Esta mantiene que la actual alcaldesa y los dos técnicos a los que acusa dejaron caducar los expedientes abiertos después de la presentación de la denuncia que dio origen a las diligencias previas, que fueron sobreseídas por otro auto emitido en marzo del año del 2016 y que fue dictado en apelación.
Pomecia, que nació a las afueras de la ciudad hace varias décadas, ha quedado absorbido por el crecimiento de la ciudad y ha crecido de forma desordenada.
