El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá a funcionar la maquinaria administrativa para certificar por escrito la marcha de Remar del barrio de Rosales del Canal. Así lo confirmaron ayer los grupos municipales en un acuerdo político al que se sumaron PSOE, PP y CHA, y del que se descolgó IU por las "dudas" que le genera la futura utilización de las instalaciones que se quedarán a medio hacer y el coste de esta operación que nadie se atreve a asegurar cómo se va a financiar. Aunque ayer por fin se dejó entrever la opción que cuenta con más opciones: que lo financie la sociedad Ecociudad.

El peaje económico de la salida de Remar de Rosales rondará los 2,5 millones de euros (1,45 de la obra ya ejecutada, el 21% del IVA y los costes derivados de la tramitación administrativa, licencia y redacción del proyecto, entre otras). Aunque tanto PP como CHA defendieron ayer que podría salir "a coste cero".

A COSTE CERO La explicación es sencilla: Ecociudad se subrogaría el préstamo que actualmente tiene Remar con Triodos Bank --el mismo por el que se le criticó por haber usado el suelo como aval--, y el ayuntamiento asumiría los 170.000 euros mensuales que le cuesta devolverlo. Pero eso se compensaría con la utilización de los 3.600 metros cuadrados de sótanos de las instalaciones que estaba construyendo para deshacerse de los alquileres de naves que ahora se usan para almacenar material y por los que se pagan 270.000 euros.

Con la diferencia, unos 100.000 euros, se podría financiar la finalización del edificio que Remar estaba construyendo --unos 2,5 millones según su proyecto, aunque se espera rebajar esa cifra--, para abrir las puertas en el resto de instalaciones un centro cívico y cultural para el barrio. Que no se hará de inmediato, ya que el consistorio tiene prohibido realizar nuevas inversiones, pero sí a medio plazo.

Pero no hay dinero en el presupuesto para expulsar a Remar de Rosales, por lo que la única opción es hacerlo a través de una sociedad municipal. Y de las dos que pueden hacerlo, Zaragoza Vivienda y Ecociudad, solo esta última, la que gestiona el saneamiento, tiene más papeletas.

Mientras, en el acuerdo político, para PP y CHA "llama la atención" que se descuelgue IU "en el último momento", y apelaron a alcanzar la unanimidad. Pero el concejal Pablo Muñoz, de IU, explicó que "no estamos de acuerdo por la inconcreción de la propuesta". "No sabemos cómo se va a pagar y cuáles serán sus usos concretos en el futuro. Hay que ser más estrictos y esto no casa con decirle a los ciudadanos que no hay dinero para nuevos equipamientos", añadió.

Mientras, para Pedro Navarro, del PP, "lo único que importa es que el ayuntamiento recupere la titularidad del suelo y que Remar se vaya". Por eso el expediente llegará este viernes a la Comisión de Urbanismo y la próxima semana al pleno. Junto a Juan Martín, de CHA, destacó que "no le va a costar dinero al ayuntamiento", al desprenderse de unos alquileres que son claves, tan imprescindibles para el nacionalista como "garantizar que se hará un centro cívico".