El curso político del último año de la legislatura empezó con la rúbrica del primer gran pacto del PSOE con los partidos del ala derecha de las Cortes de Aragón: la rebaja del impuesto de Sucesiones que exime del pago prácticamente al 99,3% de los aragoneses al elevar el mínimo exento a 500.000 euros. Otras novedades destacadas de la modificación de este impuesto es la exención de tributar por donación de padres a hijos para comprar una vivienda de 75.000 a 200.000 euros o la reducción del 70% al 50% en el patrimonio recibido en la herencia de empresas familiares. Los cambios en esta ley fueron criticados por CHA, IU y Podemos y aplaudidos por PP, PAR y Ciudadanos, así como por una representación de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía que -como ha sido habitual en las más de diez sesiones plenarias en las que se ha abordado este asunto—asistieron a la sesión desde la tribuna.
En pleno debate sobre la política fiscal, tanto en Aragón como en el Estado, la satisfacción de los partidos de la derecha parlamentaria no evitó que criticaran al PSOE, ante el temor de que su política fiscal incluya el aumento de algún otro impuesto. Presagio contrario al que mostró el diputado de Podemos, Héctor Vicente, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que más pactos con Ciudadanos, PP y PAR impliquen nuevas rebajas fiscales. Alfredo Sancho, portavoz de la ponencia que ha modificado el impuesto y diputado socialista, justificó la rebaja al comprobar que este Gobierno «ha recuperado los servicios públicos, ha defendido los intereses de todos los aragoneses» y no renuncia a la armonización y progresividad de este impuesto.
En un país en el que todo el mundo quiere buenas carreteras, mejores colegios y una excelente sanidad, pero casi nadie quiere pagar impuestos, el debate sobre la fiscalidad seguirá predominando durante curso. La intención del Gobierno autonómico es evitar nuevas subidas de impuestos, ante el suicidio que eso supondría en plena víspera de elecciones. Antonio Suárez, del PP, ya anunció que su partido exigirá nuevas rebajas, con especial incidencia en el tramo autonómico del IRPF. Suárez, al igual que una diputada que ha tenido gran protagonismo durante el tiempo que se ha negociado la nueva rebaja, Elena Allué (PAR), reprocharon a Ciudadanos --partido con el que el PSOE logró primeramente el acuerdo-- que diera vaivenes en su negociación. Javier Martínez, del partido de Albert Rivera, ensalzó la «lealtad» de su partido y su habilidad y «seriedad» a la hora de alcanzar el acuerdo. Y tendió la mano al PSOE para seguir alcanzando más acuerdos con su partido, que demuestra «coherencia», al contrario que, a su juicio, Podemos. Como la aprobación era un hecho tras numerosos debates previos, no hubo una especial tensión durante las intervenciones de los respectivos portavoces.
La mejor noticia del día en una jornada marcada por el doble feminicidio ocurrido en Zaragoza fue el visto bueno unánime a la tramitación de una ley que dará más oportunidades laborales y de empleo a las personas con discapacidad. Una admisión a trámite aplaudida por todos los grupos que inicia su recorrido parlamentario. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, defendió un texto «transversal» basado en el respeto a la diversidad y que pretende «promover un cambio fundamental en las políticas públicas» para lograr «la accesibilidad universal, con equidad y sostenibilidad, hacia una sociedad plenamente inclusiva».
El pleno también sirvió para que se estrenara en el gabinete de Gobierno Pilar Ventura, consejera de Sanidad tras la dimisión de Sebastián Celaya. Fue interpelada para que explicara sus líneas de trabajo y la portavoz del PP en materia sanitaria, Carmen Susín, ya demostró en su intervención que seguirá siendo el azote de la política sanitaria del Gobierno aragonés, al que reprochó su afán privatizador —que desmintió la consejera-- su inacción con los hospitales de Teruel y Alcañiz y la falta de médicos en el medio rural.
También hubo espacio en un pleno en el que destacó la ausencia del presidente del Gobierno, Javier Lambán, para la cotidiana tensión en las relaciones entre el PSOE y Podemos. La portavoz de este grupo, Maru Díaz, recriminó lo que a su juicio es --tras unas declaraciones del consejero Joaquín Olona el pasado agosto-- un incumplimiento de diversos acuerdos del pacto que permitió aprobar los presupuestos. Díaz reprochó a Olona que indicara que lo importante es la ejecución de los presupuestos y no el cumplimiento de los acuerdos, y el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, señaló que se están respetando en un altísimo porcentaje, al tiempo que invitó a Podemos a sentarse ya a negociar los próximos, los últimos de este Ejecutivo.
En principio, la voluntad de Podemos --compartida por el PSOE-- es poder alcanzar un nuevo acuerdo de izquierdas. Aunque rebajas fiscales como la aprobada ayer en las Cortes puedan complicar la ya de por sí compleja relación que ambos mantienen.
