Solo 4.000 de las 32.008 multas del confinamiento se han notificado

Sin embargo, pese a los tres meses transcurridos desde el 15 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, solo han sido abonadas 469 multas, una magra cosecha si se compara con el celo impositor desplegado por la Policía Nacional y Local y por la Guardia Civil.

Claro que el proceso administrativo hasta el cobro suele ser largo, sobre todo en cuanto se interponen recursos, algo que puede hacerse desde el pasado 1 de junio. Además, no faltan los especialistas en Derecho que animan a impugnar estas sanciones, alegando que existe un vacío legal que puede hacer inviable el cobro de las sanciones.

En algunas ocasiones, el expediente ha ido acompañado de la detención del supuesto infractor, hasta totalizar en el conjunto de la región 194 arrestos, casi siempre por grave desacato a las fuerzas de seguridad o incumplimiento reiterada de la normativa aplicada durante el estado de alarma.

Un total de 174 de los detenidos residen en la provincia de Zaragoza, mientras que 17 son de Huesca y 3 de Teruel. Zaragoza es asimismo el territorio que encabeza la lista de sanciones presentadas, exactamente 22.904, muy por encima de Huesca (6.421) y Teruel (2.683).

Por el momento, se encuentran notificados 4.000 expedientes y otros tantos incoados, es decir, iniciados, mientras que los que se hallan en distintas fases de la tramitación alcanzan la cifra de 7.000, aproximadamente.

«La mayor parte de las sanciones se impusieron durante el confinamiento más estricto», señala una portavoz de la Delegación del Gobierno, o sea, entre el 15 de marzo y el 11 de mayo, cuando se pasó a la fase 1. «A medida que se atenuaron las limitaciones, también lo hicieron las sanciones», añade. Hasta el punto de que el pasado jueves solo se comunicaron cuatro sanciones en todo Aragón.

Detrás de cada sanción no hay una persona diferente necesariamente, pues resulta que muchos de los expedientes se han abierto a ciudadanos reincidentes, y son precisamente estas multas las que están ahora recibiendo prioridad en su gestión.

En Huesca se produjo una situación de récord cuando fue detenido un ciudadano que había sido advertido y sancionado en otras cinco ocasiones.

Otras multas que adelantan al resto por la velocidad de tramitación son las consideradas más graves, generalmente casos de desacato y desobediencia a la autoridad pública.

En este capítulo están episodios como el protagonizado por un grupo de personas que se puso a jugar al fútbol en Andorra, en pleno confinamiento, y donde se ha multado con 5.200 euros a cada uno de los participantes. Y lo mismo sucede con unos turolenses que, en Semana Santa, bajaron a la calle vestidos como cofrades y llevando una bolsa de basura.

Con todo, las multas más altas que se pueden imponer son de 10.400 euros, de las que no consta que se haya puesto ninguna en la comunidad aragonesa.

Con todo, una de las multas más frecuentes ha sido la impuesta a ciudadanos que se hallaban en la calle cuando no se podía o a una distancia de su hogar no permitida.

Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a una mujer de Jaca que, el 3 de abril pasado, fue denunciada y multada con 601 euros por «encontrarse paseando al perro durante un tiempo y en un recorrido más amplio del mínimo imprescindible», según recoge el impreso de la sanción. «Calculo que estaba a 600 metros de casa, ¿eso se merece una sanción?», se pregunta ahora esta residente en la ciudad pirenaica.

"El estado de alarma no cubre la prohibición de movimiento", dice un abogado

Muchos abogados consideran que hay base para recurrir las multas por incumplimiento de la normativa del confinamiento y la desescalada. «Hay un vacío legal que es fruto de que el Gobierno ha decidido impedir un derecho fundamental a la libertad de movimiento con un mecanismo, el estado de alarma, que no es el idóneo», opina Guillermo Ros del bufete Ros-Pelegay.

«Para sustentar la prohibición de moverse hay que imponer el estado de excepción, pues el de alarma solo permite restringir la movilidad, no impedirla totalmente», agrega el letrado, que subraya que ya se están tramitando recursos. Ros considera, por otro lado, que «no puede haber sanción si no hay desobediencia o desacato a la autoridad». «Si el ciudadano recibe un aviso y vuelve a su domicilio, ya no se produce una infracción, pues para eso tendría que haber un desacato por su parte ante el agente o agentes», añade el abogado. Por este motivo Ros mantiene que cabe recurrir las sanciones en vía administrativa ante la falta de fundamento legal de la prohibición total.