Joaquín M. T. decidió en el 2008, al inicio del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, hacerse promotor. Se fijó en Torres de Berrellén para su primer proyecto, pero un problema de plazos hizo que sus ojos se pusieran en Tauste. Consiguió levantar el edificio de 23 viviendas y venderlas, aunque unas filtraciones de agua hicieron imposible la entrega de llaves. Ayer, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza acusado de estafa.

Ante los magistrados, el procesado negó cualquier intencionalidad de enriquecerse a costa de nadie. «Solo he ganado un cáncer, un ictus y la ruina, porque yo no he estafado a nadie», afirmó, mientras su abogado defensor, Javier Notivoli, recalcaba que «sería de género bobo reservarse dos pisos, hacer que tu hermano se meta en la promoción, si quería cometer un hecho delictivo de estas características».

El encausado resaltó que el dinero con el que compró el terreno lo puso de su bolsillo y que luego pidió un crédito de 3 millones de euros al banco con el que se hizo la construcción. «Fíjese, sobraban 600.000 euros, finalizada la promoción y ni me los quedé porque estaba desanimado al no poder acabar el proyecto», afirmó.

EL PROBLEMA / Joaquín M. T. recordó que los plazos de la promoción se cumplieron perfectamente hasta que los sótanos se inundaron. «El edificio obtuvo tres certificaciones de fin de obra diferentes y el siguiente paso era la licencia de ocupación, que no pudo ser por las filtraciones», añadió, al tiempo que resaltaba que habló con los arquitectos, quienes le pusieron como solución «poner bombas extractoras permanentes». No dudó en comprarlas, pero estas necesitaban una luz que la compañía suministradora no le daba por el peligro que podía conllevar.

Ante tal situación de hartazgo, tal y como reconoció, decidió vender a cero euros las acciones de la empresa que llevó a cabo la promoción al apoderado de la construcción. Quiso así olvidarse del tema, aunque las reclamaciones de los compradores se lo hicieron imposible. De hecho, tal y como aseguró ante los magistrados, con un coche que él tenía y con la herencia de su madre trató de compensar a los propietarios de las viviendas.

Una gratitud que se vio, en parte, reflejada en algunos de ellos, ya que cambiaron de postura y afirmaron ante el tribunal que ya no se sentían agraviados y que renunciaban a las indemnizaciones. Hubo una excepción, quien señaló que invirtió 30.000 euros que «alguien me tendrá que devolver». Ante esta situación, la Fiscalía decidió rebajar la acusación y solicitar un año y medio de prisión para Joaquín M. T. y retirar el pago de la responsabilidad civil.