Los nueve responsables del consejo de administración de Plaza --ocho consejeros y un asesor-- que declararon ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantuvieron, a grandes rasgos, la versión de sus siete predecesores del lunes: el consejo estaba más o menos informado de las gestiones económicas, según el partido u organismo al que perteneciese cada miembro, pero en el caso concreto del sobreprecio millonario de las naves de Autocity no tuvieron datos con los que trabajar. Pero hubo una excepción, el exconsejero delegado de Plaza José Luis Abad, de Zaragoza Alta Velocidad, que aseguró que estaba al tanto de todo lo que se gestaba.

El resto mantuvo a grandes rasgos la tesis de que los consejeros recibían información sobre las gestiones, pero no la suficiente como para averiguar que el proyecto de las naves construidas por Codesport había pasado de costar 14 a más de 32 millones, 8,7 de los cuales fueron abonados a la empresa de Agapito Iglesias con cuatro pagarés.

Por este sobreprecio, el juez Francisco Picazo mantiene imputados al exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril; al exconsejero delegado de la sociedad, Carlos Escó; al magnate soriano --para los tres solicitó una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros-- y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez.

NADA DEL 'PROYECTO CERO'

La línea de las declaraciones de ayer fue bien resumida ante los medios de comunicación por María Teresa Verde, exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad (PSOE) y componente del consejo de Plaza entre junio del 2004 y enero del 2010. Como casi todos los demás, admitió no haber visto o no recordar ni el proyecto cero --el documento por el que se modificó el proyecto de las naves-- ni los pagarés. Explicó que sí recibían información, pero no "desmenuzada".

Los consejos se celebraban "con el mejor espíritu positivo", afirmó, y "si se señalaban problemas, los analizábamos". En este caso no se señalaron. Sobre el desfase millonario indicó que "era importante, pero entendíamos que se incrementaba el valor de las naves y los puestos de trabajo, nunca me planteé que (el desfase) puiera venir de otra cosa", añadió. Los balances económicos que estudiaban no eran, al parecer, detallados.

Como hicieron sus predecesores el lunes, la consejera explicó que fiaban las decisiones a la información recibida, pero aclaró que la función del consejo no era fiscalizar las cuentas de sus propios técnicos, sino "aprobar las operaciones con importantes empresas para diversificar la economía aragonesa".

La consejera fue la única que no rehusó exponer su papel en el consejo ante los medios de comunicación, junto a Andrés Cuartero, exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad. Este abandonó el consejo en otoño del 2005, por lo que solo estuvo en la licitación inicial. Aclaró que el órgano recibía "información cumplida --incluso "exhaustiva" en algunos asuntos-- del consejero delegado y el gerente", pero que su responsabilidad era distinta, de carácter político, no de controlar, al uso de la gestión de las empresas públicas. "En aquellos tiempos todo era estupendo", añadió, sonriente.

El resto de los comparecientes no quisieron hacer declaraciones, aunque ante el juez reiteraron que no conocían el proyecto. El consejero de Economía, Francisco Bono (PP) --por entonces en el consejo representando a Ibercaja--, justificó el silencio público por "respeto" al proceso judicial. Alberto Larraz, exconsejero de Economía (PSOE), no dijo más allá de "gracias". Tampoco los ejecutivos de la CAI Fernando Herrando y Joaquín Torres, el de Ibercaja José Luis Rodrigo o el abogado José Manuel García.

Este explicó ante el juez que su cargo de asesor, una "figura obligatoria" por ley, se refería más bien a las ampliaciones de capital o derecho societario, pero no a este asunto.