En el edificio número 5 de la calle Eva Duarte, en el zaragozano barrio de Oliver, vive una familia de etnia gitana desde hace seis años, repartida por los 12 pisos que ofrece y con la peculiaridad, que no es baladí, de que están okupando el inmueble y de que pueden ser desalojados en cualquier momento.

Hace dos años recuperaron el suministro eléctrico, después de pasar más de uno sin luz, y la mayoría vive del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y de lo que pueden. «Nosotros no pedimos nada exclusivo, solo una solución porque así no se puede vivir, pensando que cualquier día te pueden desalojar», explica uno de los vecinos, que no quiere dar su nombre, como sucede con el resto de los que acaban en el corrillo.

El bloque, en el que viven 23 menores -«todos escolarizados», apuntan-, está deteriorado, sobre todo sus zonas comunes. «Cuando llegamos aquí ya se habían llevado cocinas, electrodomésticos, calderas... y habían roto puertas. Nosotros tuvimos que arreglar muchos desperfectos para poder vivir», explican en un rellano donde la temperatura ambiente no resulta nada agradable, aunque desde alguna casa, al abrir su puerta, se siente cierto calor.

Según dicen, intentaron negociar con el banco, propietario del inmueble, un alquiler social, pero «nos engañaron». Cuentan que les pidieron documentación para formalizar los contratos y que lo que acabaron recibiendo fue una orden de desahucio.

Admiten que son muchos los prejuicios que tienen que salvar. «Mi hija intentó alquilar un piso en el barrio y al verme en el banco y ver que era gitana, me preguntaron si era una de las de Eva Duarte. Tuve que decir que no, que vivía en un pueblo. Tenemos mucha puertas cerradas para cambiar esta situación», comenta otra de las vecinas. «Nosotros sabemos que el alquiler social no es para toda la vida, pero unos meses nos daría aire para poder formalizar nuestra situación», añaden aunque, confiesan, que en el mundo laboral tampoco lo tienen fácil.

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