El consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, defendió ayer abandonar el «mantra» del desdoblamiento de la N-II porque la clave para atajar la siniestralidad es la liberalización inmediata de la AP-2. Así lo indicó en el pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta del diputado del PP Javier Campoy respecto a las actuaciones puestas en marcha por la consejería para cumplir una proposición no de ley relativa a la reducción del elevado grado de riesgo de siniestralidad en las carreteras de Aragón.

Soro destacó, en lo que respecta a las competencias de la comunidad, que se han incrementado las inversiones reales este ejercicio un 7,2% hasta 64 millones, y respecto a lo que atañe al Ministerio de Fomento, aseguró que reclama siempre que tiene ocasión para que invierta en conservación en su red de carreteras y que liberalice la AP-2 y la AP-68.

Por este motivo, solicitó a Campoy su colaboración ante sus compañeros del PP, porque hace dos años que pidió al ministerio un informe jurídico, económico y técnico sobre la posibilidad de la liberalización de la AP-2 pero «no están por la labor». También pidió al diputado del PP que ayude a que cuando acabe el plazo de concesión de la autopista «no la vuelvan a prorrogar».

«En la AP-2 el objetivo inmediato es que no se prorrogue la concesión», insistió el consejero, quien apuntó, sobre la AP-68, que es necesario que Fomento «entienda de verdad que la gente se está matando» y que las obras deben ir al ritmo correcto que merecen y no «al trantrán». No obstante, ha indicado que habrá oportunidad para reclamarlo en la próxima reunión de la comisión bilateral con el Estado del 27 de junio.

Entre las cuarenta actuaciones del Ejecutivo autonómico están, por ejemplo, la carretera entre Jaca y La Peña; el acceso al Monasterio de Piedra; la A-1236 entre Monzón y la autovía; la A-139 entre Graus y Santaliestra; la A-2302 entre Morata y Tobed; las travesías de Fuendejalón y Villamayor; la A-1701 entre Mosqueruela y el límite de Castellón o la A-221 entre Gúdar y Allepuz.

El consejero aseguró que «hasta el último céntimo» del presupuesto de la Dirección General de Carreteras, en concreto 63,8 millones, la mitad del presupuesto total del departamento, está «focalizado» a mejorar la seguridad vial. Y ante las críticas de inacción vertidas por Campoy, ha detallado las acciones que se están llevando a cabo.

En este sentido, hay una partida específica de 400.000 euros para actuar en los 61 tramos de concentración de accidentes detectados, que se suman a las partidas ordinarias de conservación. Estos contratos de conservación están dotados con 10,6 millones de euros al año para prevenir accidentes y mejorar la siniestralidad vial.