El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha lamentado este viernes las "dificultades" para tramitar las solicitudes de ayudas al alquiler de vivienda para personas afectadas por la crisis derivada del covid-19 y buscará "soluciones".

"Algo falla", ha reconocido Soro en respuesta a una pregunta del diputado del PP Joaquín Juste, en la sesión plenaria de las Cortes, donde ha explicado que se han contabilizado 1.836 solicitudes, "mucho menos de lo que esperábamos".

Del total, el Departamento ha rechazado 303 peticiones porque faltaba documentación "esencial" y otras 306 se han archivado por no cumplir los requisitos o no haberlos subsanado los solicitantes. Ha apuntado que los requisitos son los recogidos en la Orden aprobada por el Gobierno de España a tal efecto.

También ha llamado la atención sobre "la carga de trabajo que supone para la Administración comprobar que cada uno cumple los requisitos" y ha comentado que "al final quien sale perjudicado es el administrado", concluyendo que "no puede volver a pasarnos en el futuro".

Joaquín Juste ha preguntado "cuál es la razón del fracaso" y ha dicho no entender "cómo teniendo presupuesto no se les ayuda", recordando que Soro afirmó que la tramitación sería rápida. La responsabilidad no es de las 1.836 familias, ha recalcado.

Ayudas de urgencia

También en la sesión plenaria de las Cortes, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha informado de que el presupuesto para el convenio del IASS con Ayuntamientos para ayudas de urgente necesidad ha aumentado en tres millones de euros. Ha respondido así a la diputada del PP Marian Orós.

Se han asignado 2,1 millones al Ayuntamiento de Zaragoza, 400.000 al de Huesca, 300.000 al de Teruel y 200.000 al de Calatayud (Zaragoza), ha continuado Broto, quien ha aseverado que el Gobierno de Aragón "se ha comprometido con las personas que tienen necesidades". También ha dicho que el Departamento está pagando el Ingreso Aragonés de Inserción a todas las personas que tienen derecho y lo está complementando.

Marian Orós ha considerado que el Gobierno regional "ha llegado tarde" con estas ayudas y que "el balance de 2020 ha sido bastante pobre", manifestando que el Ingreso Mínimo Vital "no ha funcionado como debería" pese a que la pobreza ha aumentado un 18 por ciento.

Ha criticado que el acuerdo para dar ayudas extraordinarias se ha firmado el pasado 15 de diciembre y que las entidades locales que forman parte del convenio del IASS "han tenido que soportar bajo sus espaldas el único recurso disponible, las ayudas de urgencia".

Orós ha pronosticado que "vamos a ir a peor" en 2021 y que algunas familias que vivían en 2019 en una situación normalidad se van a incorporar a la pobreza, de forma que "el perfil se amplía".