Stop Desahucios Zaragoza y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tanto en la capital aragonesa como en Huesca, dieron ayer visibilidad a la nueva ofensiva contra la vulnerabilidad que van a iniciar, con acciones conjuntas, ante la reiterada inaplicación de la ley del 2016 del Gobierno de Aragón. Una norma que entienden restrictiva pero que además no se aplica por las más diversas circunstancias, desde problemas burocráticos a falta de parque de vivienda.

Ambas entidades anunciaron ayer la puesta en marcha de «un proceso de verificación y exigencia ante el Gobierno de Aragón» de cumplimiento de la norma, apoyada por protestas en la calle, para que se desarrolle el compromiso adoptado por PSOE, Podemos, IU, CHA, Puyalón de Cuchas, la FIA y Equo en el Decreto Aragonés de Vivienda en abril del 2015. Un pacto desarrollado en forma de decreto ese mismo año y de ley al siguiente, que no se aplica; en la práctica, sigue rigiendo el convenio entre DGA, Poder Judicial y Federación de Municipios, Comarcas y Provincias del 2013, que fue criticado también por dejar a muchos afectados fuera cuando lo suscribió el PP. Este tampoco estaría libre de pecado, dado que recurrió en Madrid la ley aragonesa y las iniciativas estatales de la PAH, con Cs.

PRESUPUESTO / Las entidades consideran además «una burla a la ciudadanía» el último Plan Estatal de Vivienda de marzo, con un 43% menos de presupuesto que el anterior, que a su vez ya mermó un 86% el que expiró en el 2012. Perciben cómo se vuelve a incentivar la compra de casas, factor decisivo en la burbuja inmobiliaria de la crisis, y el alquiler se está encareciendo tanto que va a causar una nueva oleada de «desahucios invisibles», causados simplemente porque los contratos expiran y los residentes no pueden afrontar las nuevas tarifas. Lo mismo sucede con los alquileres sociales, que también caducan sin que la situación de las familias haya mejorado.

Algunos ejemplos de la emergencia habitacional no resuelta se dieron cita ayer en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Allí acudió Miriam, que tras perder un hijo y tener a otro gravemente enfermo del riñón, rechazó una vivienda en Novillas porque no tenía coche con el que traerle a sus frecuentes ingresos hospitalarios. Y con ello, sin saberlo, renunció a cualquier ayuda de vivienda futura, algo «de lo que no se advierte a los afectados», critican.

El caso de Belaid, que dejó de pagar el alquiler cuando se quedó sin trabajo por la cancelación de su tarjeta de residencia (que ahora está en trámites de renovar), es para los convocantes un ejemplo de cómo un «documento caducado» puede frenar un realojo incluso cumpliendo con los restrictivos criterios de vulnerabilidad. «En cualquier momento me echan, ¿dónde voy con tres niños?», se preguntaba.

De los casos más urgentes es el de Carmen, también con tres hijos y un marido con discapacidad, cuyo desahucio está fijado para el 4 de julio. En su caso, solo con el IAI, la pensión de invalidez y ayudas de comedor o de libros ya supera el umbral de ingresos para ser considerada vulnerable. «¿Quién te va a alquilar nada con cinco personas y 900 euros, sin nómina?», se preguntaba.

A esto se une la cerrazón de la mayoría de bancos a negociar siquiera la dación en pago. Que tampoco es solución si luego no hay adónde ir.