La plataforma Stop Desahucios ha urgido hoy a los grupos parlamentarios, especialmente a los que sustentan al Gobierno, PP y PAR, que implementen una ley de vivienda, o un decreto ley, con una moratoria en los desahucios y un aumento "drástico" del parque público de vivienda adecuado a la demanda actual, de unas 1.800.

Varios representantes de esta plataforma han comparecido hoy en la Comisión de Peticiones Ciudadanas de la Cámara aragonesa un año después de denunciar, en esta misma comisión, la situación de emergencia social que se vive en Aragón por los desahucios, y que sigue igual porque en su opinión "no se ha actuado".

En nombre de la plataforma, Pablo Híjar ha rogado a los grupos parlamentarios que den soluciones, que sean "valientes" y "hagan su trabajo", porque si una plataforma como Stop Desahucios es capaz de negociar con los bancos, incluido la Sareb, qué no podrán hacer los partidos, más los que tienen responsabilidad de gobierno.

Por su parte, Raquel de la Riva ha denunciado el fracaso en la aplicación del convenio que el Gobierno de Aragón firmó hace un año con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para realojar a las personas que van a sufrir un desahucio y estén en riesgo de exclusión social por sus criterios son "excluyentes".

El año pasado hubo unos 1.200 desalojos de primera vivienda y en el primer año de aplicación de ese convenio los jueces detectaron solo 47 casos de vulnerabilidad y se resolvieron 26, ha dicho De la Riva, quien ha tachado ese convenio de "mero protocolo", y de "cuento de la lechera" el plan de la vivienda del Ministerio de Fomento, con una inversión pública de 142 millones en Aragón, por las incógnitas que hay en la ejecución de las partidas.

En el turno de los grupos, Nuria Loris, del PP, ha indicado que las propuestas de la plataforma no son "descabelladas" pero es necesario, para llevarlas a la práctica, que beneficien a toda la población.

Ha recalcado que se está avanzado para acabar con esta lacra y que los desahucios han descendido en Aragón, y ha apuntado que el Gobierno está en negociaciones con la Sareb para ampliar el parque de vivienda social.

María Victoria Broto, del PSOE, ha destacado todo lo conseguido por Stop Desahucios, pero ha hecho hincapié en que el Gobierno debe dar soluciones a los colectivos más vulnerables, y con los datos actuales tiene que cambiar su política porque del seguimiento de los distintos planes el número de personas a las que se les ha dado una solución es "irrisorio".

Además, ha apoyado la ley que plantea la plataforma y ha reclamado al Ejecutivo "sensibilidad" y presupuesto.

Gregorio Briz, de CHA, ha compartido la necesidad de una ley de vivienda de Aragón para dar una respuesta "real" a las familias que pasan por un desalojo, y también que las viviendas de la Sareb se pongan al servicio del alquiler social, al tiempo que ha criticado la "patraña llena de trampas" que a su juicio constituye el convenio con el CGPJ del que "ha sacado pecho" el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, porque no resuelve el problema y el "pobre compite con el pobre".

Adolfo Barrena, de IU, ha incidido en que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y se están incumpliendo, ha tachado de ineficaz lo hecho hasta ahora para dar respuesta a este problema y ha subrayado que debería ser una cuestión para el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, las comarcas, los ayuntamientos y la sociedad.

Manuel Blasco, del PAR, ha indicado que la voluntad de los grupos parlamentarios es dar respuesta al problema a través de las múltiples iniciativas que se han aprobado en las Cortes de Aragón al respecto, si bien ha apuntado que algunas dependen del Gobierno central, como prorrogar la moratoria de los desahucios.