Un tributo «anacrónico, obsoleto, poco eficiente, injusto, confiscatorio y anticonstitucional». Con estos calificativos reclamó ayer el colectivo Stop Sucesiones la supresión del impuesto en su formulación actual. Durante una comparecencia en las Cortes de Aragón alegaron que este pago vinculado a las transmisiones de bienes en herencias y donaciones es «una de las inquietudes más acuciantes de los aragoneses». En los últimos meses han recogido más de 46.000 firmas como medida de presión.
El portavoz del organismo, que rechaza cualquier vinculación política, Miguel Ángel Ramos, también pidió que mientras se tramita la supresión nacional se proceda a una bonificación del 99% de la tasa y a su eliminación en el ámbito familiar. «Este tributo va en contra de la propia sociedad, porque recae en su gran medida sobre la clase media y trabajadora: Los pobres no tienen y los ricos no son tontos, tienen medios para evadirlos», aseguró.
La asociación justificó su petición a los grupos parlamentarios explicando que frente al 34% de tipo máximo en España, la media en los países de la OCDE está en el 15%. También dijo que Nueva Zelanda, Canadá, Austria y Suecia han renunciado a su cobro en los últimos años.
Stop Sucesiones denunció que la situación es especialmente gravosa en Aragón, algo que según sus cálculos obliga a más de 6.300 personas al año a renunciar a las herencias por no poder afrontar el pago de la tasa.
Ramos denunció que la norma «obliga a pagar tras la muerte de un familiar por algo por lo que ya se tributó en vida». Además alertó de que su cobro «no se rige por el principio de equidad» pues en su opinión cada comunidad autónoma mantiene un porcentaje diferente.
La agrupación también alegó que algunas sentencias europeas han puesto en duda la legalidad de estos cobros. Y anunció más movilizaciones. «Lo que hasta ahora se soportaba en silencio ya ha desembocado en protestas masivas de afectados», indicó.
