La despoblación que sufre gran parte del territorio aragonés, con 13 comarcas por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es un "problema" que rebasa el ámbito autonómico para convertirse en "una cuestión de Estado" e incluso europea. Así lo afirmó ayer Antonio Suárez, consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, en una comparecencia en las Cortes a petición del grupo socialista, que mantiene que la política de recortes está acentuando la emigración de las zonas rurales a las ciudades.

Mari Carmen Sánchez, del PSOE, preguntó por las medidas que adoptará el Ejecutivo antes del fin de la legislatura para revitalizar las comarcas y subrayó que los 20 millones del Fondo para el Desarrollo Territorial y Rural (8 para municipios y 12 para comarcas) son "un parche". Además, aseguró que esa cantidad, al repartirse entre sus destinatarios, "tampoco da para llevar adelante proyectos que generen empleo".

Suárez, que defendió los 60 millones obtenidos recientemente para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), aseguró que problemas como la despoblación, la dispersión demográfica y el envejecimiento son consustanciales a Aragón desde hace años y no se pueden atribuir a ninguna administración. "Lo que ocurre es que la comunidad tiene una extensión tremenda, 47.719 kilómetros cuadrados, y solo 28,3 habitantes por kilómetro cuadrado, 3,3 veces por debajo de la media nacional", dijo.

Asimismo, señaló que estos datos se producen en un contexto de creciente envejecimiento y una pérdida de habitantes cifrada por el Instituto Nacional de Estadística en un 1,9% en el periodo 2012-2022.

El consejero, que dijo que 40 regiones europeas viven una situación similar, subrayó que el Gobierno de Aragón ha tomado medidas, por valor de 400 millones de euros, para apoyar al mundo rural. Defendió además la validez de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), que está en tramitación, después de que la representante de Chunta, Carmen Martínez, la calificara de "brindis al sol".

Luis Ángel Romero, de IU, denunció que, pese a la profusión de planes para los municipios, ha aumentado el paro. Pero el PAR (Joaquín Peribáñez) y el PP (María del Mar Vaquero) afirmaron que la despoblación es un problema "estructural" contra el que se lucha activamente.

Mari Carmen Sánchez, que se enzarzó con Suárez y Vaquero a cuenta de la herencia recibida y el paro actual, indicó que el cierre de hospederías constituye otro golpe a las zonas rurales.