El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Antonio Suárez, sopesa devolver a la Unidad Adscrita a la DGA de la Policía una de las funciones para las que fue concebida, y que actualmente desempeña solo en parte: la protección de los altos cargos de la DGA. Hoy, solo él cuenta con agentes de este cuerpo para su seguridad, además de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, el presidente de las Cortes, José Ángel Biel y el Justicia de Aragón, Fernando Vicente.
El resto de los consejeros cuenta con guardaespaldas privados, lo cual supone un dispendio de tres millones y medio de euros por legislatura, según los datos que maneja el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Su secretario de Organización, Gonzalo de Miguel, mantuvo una reunión con el consejero para exponerle estas cifras, y según su testimonio, Suárez se mostró "sorprendido" ante el ahorro de costes y "muy predispuesto" a devolver las competencias al cuerpo en materia de seguridad de todos los consejeros de la DGA.
Cuando se creó esta Unidad Adscrita en el 2007, por convenio con el Ministerio del Interior, se estableció un cupo de 35 agentes para desempeñar estas tareas, pero por algún motivo "que nadie entiende", los consejeros han seguido contando mayoritariamente con seguridad privada. Mientras, estos agentes se han dedicado a otras funciones como la vigilancia de sedes del Gobierno (las Cortes, la Audiencia, los juzgados...), los traslados e informes de menores en protección o la Inspección de Juego, además de las escoltas de algunos cargos.
Según los datos que maneja el SUP, el coste mensual para el Ejecutivo de un escolta ronda los 9.000 euros, pagados a la empresa de seguridad correspondiente. Sin embargo, un agente con la formación necesaria cobra de la DGA 370, un plus autonómico al sueldo estatal. La idea sería asignar dos agentes a cada consejero, y aún doblando los guardaespaldas se ahorrarían unos 850.000 euros al año, tres millones y medio en la legislatura.
REUNIÓN Además de esta "esperpéntica" situación, según la califica De Miguel, en la reunión se expuso la ampliación de plantilla de la unidad, también firmada pero nunca ejecutada. El consejero anunció que solicitará una reunión con el Ministro de Interior para acelerar el proceso.
La intención de los agentes es que se alcancen los 200 efectivos, desde los 116 con los que cuenta actualmente --92 en Zaragoza, 19 en Huesca y 15 en Teruel--, según cifras facilitadas por el sindicato.
De estas nuevas incorporaciones, 50 agentes ejercerían como segunda actividad, aunque en la reunión también se apuntó la posibilidad de aumentar el número de policías autonómicos que ejercerían su tarea en esta modalidad.
